Asesinos sin nombre en Chile

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presentó el lunes su informe tras nueve meses de investigación en Chile, no menciona un solo nombre de los culpables de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante los 16 años y medio de régimen militar. Sin embargo, la descripción minuciosa de los crímenes sienta las bases para cumplir el deseo expresado por el presidente Patricio Aylwin en su discurso de presentación del informe: "Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que nunca más en Chile vuelva a pasar algo semejante".

El número de muertos "víctimas de violaciones de los derechos humanos" durante la dictadura del general Augusto Pinochet asciende a 2.115, de los que 957 son detenidos desaparecidos. Los muertos "víctimas de la violencia política" cometida por los que se enfrentaron a la dictadura fueron 164. Éstas son las cifras del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que Aylwin presentó a la opinión pública la noche del lunes en Santiago.La Comisión confirma el suicidio del presidente Salvador Allende el día del golpe militar e indica que "el día y las circustancias en que el presidente Allende se quitó la vida marcan un extremo de división de la sociedad chilena". En la mayoría de los casos con mayor repercusión de la reciente historia chilena la Comisión constata la participación de agentes de la Seguridad del Estado. Se confirma que se torturó en la Colonia Dignidad. Orlando Letelier, ex ministro del Gobierno de Allende, asesinado junto a su secretaria en Washington en 1976, "fueron víctimas de un acto de terrorismo cometido por agentes del Estado chileno, específicamente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), quienes idearon el acto terrorista y lo ejecutaron con la ayuda de otras personas".

El cantante Víctor Jara "murió a consecuencia de heridas múltiples de bala, que suman 44 orificios de entrada de proyectil con 32 de salida". Sobre el asesinato del periodista José Carrasco, director de la revista Análisis, el 8 de septiembre de 1986, la Comisión concluye: "Por las circunstancias del momento [tras el atentado contra Pinochet], las características de la ejecución y la militancia del afectado, es presumible sostener que fue muerto por motivaciones políticas con responsabilidad moral del Estado, ya fuera porque actuaron sus agentes o porque existió connivencia o tolerancia del Estado".

Del asesinato del dirigenté sindical Tucapel Jiménez dice la Comisión que había sido seguido previamente por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Jiménez apareció muerto en un taxi. "La Comisión ha adquirido la convicción de que se trató de un crimen cometido por motivaciones políticas" y, "ponderados todos los antecedentes, estima en conciencia que está comprometida en su muerte la responsabilidad del Estado".

Decir la verdad

El caso de los tres militantes comunistas degollados en 1985 fue uno de los que más conmovió a la opinión pública chilena y provocó la caída del general de Carabineros César Mendoza, miembro de la Junta Militar. Según la Comisión, "fueron ejecutados por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades que realizaban".Emplear la verdad para la reconciliación nacional "es un delicado y fundamental deber de todos los chilenos", constata la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Durante nueve meses, la Comisión examinó alrededor de 3.400 casos de muerte como consecuencia de violaciones de los derechos humanos.

Formada por chilenos de diferentes tendencias, entre ellos un ex ministro de Educación del régimen militar, la Comisión califica como violaciones de los derechos humanos "no sólo ciertos actos cometidos por agentes del Estado, sino que también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos". Se incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas asesinados por las organizaciones guerrilleras opuestas a la dictadura.

El total de víctimas de violación de los derechos humanos fue de 2.115, de los que 1.068 cayeron como consecuencia de la acción de "agentes del Estado o personas a su servicio". El número de detenidos desaparecidos es de 957. Del total de 2.279 víctimas de las dos partes, la casi totalidad de las víctimas son chilenos y sólo hubo 51 extranjeros. .

Los cinco muertos españoles forman el grupo nacional no chileno con más víctimas. La formación política con mayor número de víctimas fue el partido socialista, con 405, seguido del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con 384, y del partido comunista, con 353. De la democracia cristiana sólo se registran siete víctimas.

Tres etapas

En el análisis de la dictadura se distinguen tres etapas. Entre el 11 de septiembre de 1973 fecha del golpe militar, y comiezo de 1974, que se caracteriza por los enfrentamientos del primer momento y la represión masiva; desde enero de 1974 hasta agosto de 1977, cuando "se dio el mayor número de desapariciones forzadas de personas", y desde agosto de 1977 hasta el fin del régimen, cuando "las acciones de represión política o contrainsurgencia que tuvieron como resultado la muerte de personas estuvieron a cargo principalmente de la Central Nacional de Informaciones (CNI)".Sostiene el informe que a partir de 1979 y por el resto de este periodo hay una acción opositora de carácter armado, "principalmente por parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que produjo también graves violaciones de los derechos humanos, debicio a actos terroristas o a otros atentados con resultado de muerte de las víctimas".

Entre las violaciones de derechos humanos que la Comisión atribuye a las organizaciones de extrema izquierda figura el atentado contra el presidente Augusto Pinochet, en el que murieron cinco miembros de la escolta: "La acción fue realizada sobre seguro, con lo que se impedía cualquier defensa por parte de los aféctados".

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