Un inquilino cuestiona por primera vez la constitucionalidad del 'decreto Boyer'

Un inquilino de la calle de Pablo Casals, junto al puente de Segovia, ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad contra la aplicación del decreto Boyer, que permitió a la empresa inmobiliaria Metrovacesa plantearle una demanda de desahucio y subirle la renta mensual que estaba pagando por encima del 35%. Esta argumentación es la primera vez que se cuestiona en España, según Enrique Pedrero, presidente de la Asociación de Inquilinos de Madrid, que ha mediado en un conflicto que llega hoy para su resolución al Juzgado número 14 de Primera Instancia.

El inquilino, José Manuel Fuentes Gil, asegura haber sufrido este año, al término de su contrato, un incremento en su cuenta superior al 35%, al igual que le ha sucedido a otros muchos vecinos de su colonia de viviendas. En la zona de Pablo Casals, esta empresa inmobiliaria, vinculada al Banco Bilbao Vizcaya, administra alrededor de 400 casas, 100 de ellas afectadas por el decreto Boyer. Un portavoz de Metrovacesa, José María Urquijo, matizó el incremento exactamente en el 35,7%.Pedrero considera este aumento, en cualquier caso, "brutal" y un beneficio evidente de lo que ha significado la aplicación del decreto Boyer para la liberalización de los precios en los alquileres. Los argumentos de inconstitucionalidad se defienden sobre la base del artículo 47 de la Carta Magna, "que establece el derecho a una vivienda digna y que no se puede especular con el suelo y la vivienda".

La Asociación de Inquilinos de Madrid, de reciente creación, comenzó en la tarde de ayer, frente a la sede de la empresa inmobiliaria, una campaña de captación de 500.000 firmas para solicitar la derogación del decreto Boyer.

Sin dramatizar

El representante de Metrovacesa justificó la actuación de la empresa, principalmente, porque la casa, de 93 metros cuadrados, se encuentra en "perfecto estado y porque la media de los precios de la zona es muy superior a lo que se pide". Urquijo aseguró que entre lo que propuso pagar el cliente a la finalización anual del presente contrato (70.000 pesetas) y lo que Metrovacesa solicitó (85.300), hay una diferencia de 15.000 pesetas "que no hay que dramatizar".Urquijo señaló que la postura de la empresa es flexible ante la negociación y aportó como dato que el inquilino ya sabía, cuando firmó el contrato de alquiler en junio de 1987 por 55.000 pesetas, las posibilidades de la ley Boyer.