El Gobierno de Murcia decide reabrir una de las empresas contaminantes

El Gobierno regional de Murcia autorizó anoche la reapertura de forma inmediata de la fundición Santa Lucía, de Peñarroya, una de las tres empresas de la comunidad recientemente cerradas por sus emisiones contaminantes.

Ayer finalizaron las reuniones que técnicos de la Agencia del Medio Ambiente (AMA) han mantenido con responsables de las tres empresas -Española del Zinc (Zincsa), Fertilizantes Españoles (Fesa) y la fundición Santa Lucía- para conocer el detalle de los proyectos de limpieza de sus procesos productivos y las inversiones que serán necesarias. Los planes presentados por los directivos de las tres compañías suponen una inversión cercana a los 15.000 millones de pesetas, de los que un 10% podría ser subvencionado por el Ministerio de Industria. La Administración regional estudia, mientras tanto, las subvenciones que podría dar a dichas empresas. Santa Lucía ha garantizado un "autocontrol" estricto de tal forma que paralizaría sus plantas en el momento en que las emisiones coincidieran con fenómenos atmosféricos adversos.

Importancia estratégica

Por otra parte, Santa Lucía tiene lo que un portavoz de la Agencia del Medio Ambiente calificó de "importacia económica estratégica" ya que es la única fundición de plomo de primera fase que hay en España. Su cierre temporal ha ocasionado problemas de suministros a pequenas industrias de cerámica y utensilios de cocina. Esta empresa tendría que invertir en distintas fases más de 5.000 millones de pesetas para reconvertir su proceso productivo.Fesa, cuyo presidente, Fernando Cervera, presentó ayer su plan operativo y estudió con la AMA el posible traslado de la factoría desde el casco urbano hasta el Valle de Escombreras, tendría que asumir una inversión de 8.000 millones de pesetas. Fesa ha dejado de exportar hasta ahora, como consecuencia del cierre, 12.000 toneladas de potasas a Grecia e Italia. La empresa podrá abrir, según la decisión del Consejo de Gobierno, parte de su complejo una vez que acepte el plan de saneamiento, aunque cerrará la planta de sulfúrico.

José Luis del Valle, directivo de Zincsa, reclamó la reapertura de los centros ante "el riesgo de una situación que podría ser irreversible". Del Valle, por otra parte, desplazó a la Administración la responsabilidad de que "decida qué tipo de calidad de vida y de medio ambiente quiere o se puede pagar, porque en el fondo de todo hay una razón económica y la que debe decidir es la Administración". El Gobiemo regional decidió ayer que Zincsa deberá ofrecer garantías suficientes de que ha acometido el plan de reducción de las emisiones contaminantes antes de la apertura de su factoría. Las tres empresas presentaron recursos de reposición contra la resolución de cierre.