Rotas las negociaciones entre reproductores, autores y editores

Los representantes del sector empresarial de fabricantes y distribuidores de fotocopiadoras y otros aparatos de reproducción dimitieron el pasado martes de la comisión paritaria de propiedad intelectual. Esta dimisión sitúa en un punto muerto las conversaciones, de más de un año, para pactar las cantidades que los empresarios han de pagar a autores y editores por la utilización irregular e inevitable de las fotocopiadoras y aparatos reproductores de sonido e imagen. El dinero sobre el que se discute asciende a por lo menos 1.000 millones de pesetas anuales. Cultura dijo ayer que la dimisión "nos aboca a buscar alternativas tajantes".

La comisión fue creada hace dos años para que las partes interesadas llegasen a un acuerdo sobre lo establecido en el artículo 25 de la ley, del 11 de noviembre de 1987, que prevé el pago de ciertas cantidades a autores y editores por parte de los fabricantes y distribuidores de máquinas reproductoras. Y ello, con el criterio de que la inevitable utilización irregular de estas máquinas merma de una forma significativa derechos de autores e intereses de editores.La dimisión se produjo sin que nada lo hubiese anunciado, según informó Jon Echevarría, representante de la organización Cedro, formada por editores y escritores para combatir la reprografía ilegal: los miembros de una de las subcomisiones se habían despedido normalmente para el plenario del día siguiente. "Toda afirmación que haga me parece dura", comentó Echevarría. "No es que la dimisión sea una maniobra dilatoria: en realidad lo han sido todas las conversaciones. La dimisión demuestra una enorme falta de respeto hacia la otra parte y hacia la presidencia [Diego Espín, ex magistrado del Tribunal Supremo]". Juan Moya, miembro de la parte que ha de recibir el canon, indicó que la dimisión simplemente anula todos los trabajos realizados y coloca el desarrollo de la ley en un callejón sin salida.

Según José Pérez García del sector de fotocopiadoras se llegó a la decisión de dimitir en masa a la vista de los últimos acuerdos que, según él, recogían únicamente peticiones de la otra parte.

La dimisión de la mitad de la comisión "nos aboca a buscar alternativas tajantes", dijo ayer Borja Puig de la Bellacasa, secretario general técnico del ministerio de Cultura. la administración parte de la ev1dencia de que, dijo, "la ley de propiedad intelectual está vigente y tiene que cumplirse. Vamos a poner todos los recursos para que se cumpla cuanto antes". Afirmó que la creación de una comisión con las partes interesadas, con el objetivo de ponerse de acuerdo sobre las normas que les han de gobernar, es "un sistema moderno de autodeterminación", y su fracaso puede conducir a un nuevo intento, por un tiempo determinado, o incluso a una modificación de la ley de propiedad intelectual.

Puntos de fricción

Los puntos de fricción, de acuerdo con las diversas versiones, se centran en la cantidad de dinero que han de pagar los fabricantes y distribuidores -la cifra oscila mucho según unos y otros-, los equipos por los que se ha de pagar -se discute por ejemplo sobre si el fax o el scanner ha de entrar-, y el sistema de recaudación a emplear.De acuerdo con fuentes de los perceptores, todo retraso en la entrada en vigencia de este canon, que existe en Europa, beneficia a los fabricantes y distribuidores.