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Demanda contra la campaña 'Póntelo, pónselo'

Marta Silvela Barcáiztegui y la asociación Acción Familiar han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la campaña de difusión del uso del preservativo patrocinada por el Gobierno bajo el lema Póntelo, pónselo. Los recurrentes invocan, entre otros, los derechos constitucionales a la integridad moral, a la intimidad personal y a la libertad ideológica, que consideran violados por la injerencia del poder público, por lo que solicitan, mientras se tramita la demanda, la suspensión de la campaña publicitaria.

El recurso ha sido interpuesto por la vía preferente de la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona y se dirige "contra la campaña de difusión del uso del preservativo, patrocinada por los ministerios de Sanidad y Consumo, de Educación y Ciencia y de Asuntos Sociales, consistente en actos de difusión a través de medios públicos y privados de comunicación, publicidad estática, cintas que reproducen canciones y distribución gratuita de preservativos".El objeto de la demanda es la promoción del uso del preservativo "entre adolescentes en las relaciones sexuales". Los demandantes estiman que, aunque la campaña indica que la utilización de condones "evita embarazos no deseados y cualquier riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, enumerándose hasta 12 de esas enfermedades en la campaña, de hecho, lo que se está promocionando es la práctica de relaciones sexuales indiscriminadas entre adolescentes". Esta promoción les parece mal a los recurrentes, para quienes el lema Póntelo, pónselo es "claramente indicativo del sentido de injerencia en el ámbito privado de la persona".

En los fundamentos de derecho de la demanda, elaborada por el letrado Pedro Menchén Herreros, se estima que la campaña vulnera el derecho fundamental a la integridad moral en relación con la dignidad e intimidad de la persona, la libertad ideológica y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral "que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Invoca también el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada, y familiar" y prohibe la "injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho".

Adoctrinamiento sexual

Los recurrentes insisten en su voluntad de defender a los jóvenes frente a una campaña que, "so pretexto de una acción de prevención sanitaria, constituye una auténtica campaña de adoctrinamiento sexual tendente a fomentar las relaciones sexuales precoces e indiscriminadas, sin ningún tipo de referencia ética". Como prueba de estas afirmaciones aducen que "el tono imperativo, como eje básico de la campaña Póntelo, pónselo, no es sino una incitación al uso indiscriminado del preservativo".En todo caso, según los recurrentes, "aunque el preservativo fuese un medio claramente eficaz, dirigida la campaña no a colectivos específicos de riesgo, sino en general a la juventud, parece claro", afirman, "que en lo que sí será eficaz es en la generalización de las relaciones sexuales y no en el uso del preservativo, ya que no parece que el colectivo juvenil pueda ser el más consciente a la hora de tomar las precauciones que se pretenden". Silvela y Acción Familiar se oponen a que se fomenten las relaciones sexuales entre adolescentes "como una conducta normal" y ven en "la política de tolerancia y fomento de las drogas" un precedente de la actual campaña.

Los demandantes solicitan la suspensión de la campaña y para ello invocan el precepto que prevé tal suspensión, "salvo que la Administración justifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general dimanante de la suspensión". Por el contrario, Acción Familiar y Silvela consideran que la continuación de la campaña "dará lugar a daños y perjuicios irreparables", por la invasión del Estado de una órbita de libertad privada y por la generalización de las relaciones sexuales que "puede concluir en una mayor extensión entre los jóvenes de las enfermedades de transmisión sexual".

Por otra parte, las Juventudes Socialistas de Orense denunciaron ayer que determinados farmacéuticos de la ciudad "se niegan a dispensar preservativos por supuestas razones morales", actitud que califican de "indignante", según informa Efe.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de noviembre de 1990

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