50 guardias urbanos golpean a periodistas en el juicio de un agente acusado de homicidio

Una cincuentena de policías municipales vestidos de paisano agredieron ayer a los periodistas que intentaban cubrir la información de un juicio en la Audiencia de Barcelona de otro agente del cuerpo, Javier Gancedo Carruesco, acusado del homicidio de un joven en 1989.

La violencia de los agentes forzó la intervención del tribunal, que ordenó la detención de uno de ellos, que, sin embargo, consiguió escapar. Los incidentes tuvieron lugar fuera de la sala de vistas, ya que el tribunal no permitió el acceso de redactores gráficos a la misma.Los agentes empezaron a insultar y amenazar a los representantes de los medios de comunicación e intentaron en todo momento dificultar la entrada a la sala. De los insultos pasaron a los golpes, empujones y patadas cuando el procesado tenía que entrar en la sala. El juez requirió la presencia de una docena de policías nacionales; éstos en ningún momento controlaron a los urbanos, que seguían golpeando. Los incidentes fueron más virulentos al interrumpirse la vista, a mediodía.

El Juzgado de Guardia abrió diligencias previas tras la presentación de una denuncia firmada por 19 periodistas. Un portavoz de la Guardia Urbana manifestó en la tarde de ayer que se había abierto un expediente informativo sobre los incidentes ocurridos en el Palacio de Justicia. Representantes del Ayuntamiento dijeron, por su parte, estar "consternados" y "perplejos" por lo sucedido. El concejal responsable de los agentes, Joan Torres, se puso a disposición del Colegio de Periodistas para estudiar los hechos.

Mientras los agentes municipales permanecían en actitud amenazadora en los pasillos, el procesado inició su declaración ante el tribunal. Javier Gancedo, de 27 años, está acusado de la muerte de un joven, Félix Utrera Expósito, de 22 años, ocurrida en El Raval el 16 de abril de 1989.

La fiscal considera que el agente cometió un homicidio, pero pide su absolución por la aplicación de la eximente completa de cumplimiento del deber. Las acusaciones particulares, por el contrario, solicitan penas de 17 y 30 años de prisión, y 50 millones de indemnización.

El acusado y otro municipal patrullaban en moto cuando vieron una furgoneta que había sido robada poco antes. El procesado afirmó: "Intenté parar la moto, pero se me cayó en marcha. Eché mano a la funda del arma y me acerqué a la furgoneta para abrir la puerta; en ese momento, el que conducía me apuntó con un arma, desenfundé y disparé". La bala, que el agente disparó sin atinar a apuntar, según dijo, alcanzó en la cabeza a Utrera. En el juicio no quedó claro en qué momento fue encontrada el arma que supuestamente llevaba el fallecido.

La acusación particular sostiene que la víctima no iba armada y que la pistola fue aportada por otros agentes,