Las ponencias eluden cualquier debate sobre el dinero negro

El debate económico no pretende ser, de entrada, uno de los ejes claves del 32º Congreso del PSOE, que comienza hoy. El objetivo es abordar sólo políticas globales en un horizonte de medio y largo plazo; las sectoriales se dejan al Gobierno y a los programas electorales.Los temas económicos ahora en candelero no están incluidas ni en la ponencia marco ni en las enmiendas presentadas por delegaciones y agrupaciones del partido socialista. No hay ni una línea, por ejemplo, sobre la conveniencia o no de emprender una regularización fiscal que intente la afloración del dinero negro. Con la misma filosofía de globalidad, el debate fiscal sobre la mesa sólo incide en la necesidad de que se reduzca la presión fiscal sobre las rentas más bajas.

La perspectiva de largo plazo que acompaña a todo el Programa 2000 sí permite que las discusiones de este fin de semana aborden algunos temas clave de la actual política económica del Gobierno socialista.

El ejemplo más claro es la competitividad. Sobre el papel, al menos, tanto la ponencia marco como algunas enmiendas respaldan la línea defendida por el equipo económico que encabeza Carlos Solchaga para conseguir la mejora de competitividad que necesita la economía española para afrontar un largo plazo más cercano a los niveles de prosperidad europeos. Esa línea está construida sobre la moderación de la triada que componen inflación, salarlos y beneficios.

La lucha prioritaria contra la inflación, como requisito imprescindible para conseguir un crecimiento económico equilibrado -en lugar de uno espasmódico, en el que cada boom sea el anuncio obligado de una recesión- ha sido y es una constante en la política del Gobierno. Esa prioridad queda respaldada en los textos que encauzarán el debate de estos días y traslada a un segundo plano, por ejemplo, dos de las reivindicaciones que llevaron a la huelga del 14-D: las mejoras salariales y el pleno empleo.

A cambio, en este congreso se defenderá la moderación de salarios y beneficios como requisito imprescindible para mejorar la competitividad. Como es previsible algún punto de tensión -aunque sólo sea por el trasfondo de ciertas diferencias de enfoque entre los expertos de economía en el partido y en el Gobierno- éste podría aparecer en el debate sobre el control de los beneficios empresariales. Más de una agrupación socialista ha defendido que ese control debe ejercerse a través de una ley mientras que el ministro de Economía y Hacienda ha afirmado la necesidad de que cualquier control de beneficios sea resultadc del acuerdo social y no de una imposición legal.

La conveniencia, o la necesidad, del consenso social es también novedosa en el horizonte que se marca el PSOE para lo próximos 10 o 12 años. El paso del enfrentamiento a la concerta ción ya se ha producido en la práctica del Gobierno y ahora en el congreso, es previsible qu el partido en el poder ratifique un nuevo acento crítico; un paso desde la premisa "hay que hacer las cosas aunque no nos comprendan" a "si no nos comprenden es mejor no hacerlo".