IU propone elevar el déficit público en medio billon de pesetas para aumentar el gasto social y en infraestructuras

El grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó ayer 150 enmiendas al articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991. En conjunto, estas enmiendas suponen un aumento del gasto público en medio billón de pesetas lo que duplicaría la cifra de déficit público prevista por el Gobierno.Durante la presentación de estas enmiendas, el diputado de IU, Nicolás Sartorius, declaró "la guerra total contra el fraude fiscal y aumentar el gasto público", como líneas maestras de la estretegia de su grupo en el debate de las enmiendas al articulado de la ley de Presupuestos del Estado para 1991, que comenzará en los próximos días en el Congreso.

"Éste es un presupuesto de ajuste, que no cubre unas mínimas necesidades sociales y reduce la inversión pública", explicó Sartorius. Las enmiendas presentadas ayer por IU, día en que finalizó el plazo, "van encaminadas a suplir estas deficiencias que no se explican en un país que tiene la Hacienda pública más saneada de Europa".

En esta línea, IU propone que las pensiones y los sueldos de los funcionarios aumenten un 7% el año próximo (6,26% previsto por el Gobierno). Además, se plantea suprimir el artículo de la ley en que se consolida, con caracter vitalicio, el complemento de destino para los altos cargos de la Administración pública.

En los aspectos tributarios, IU propone elevar desde el 35% actual al 40% el tipo general del impuesto de sociedades y modificaciones en la normativa que regula la Agencia Tributaría para que se garantice la exclusividad de su función recaudatoria.

También propone eliminar la disposición adicional de la ley en la que se "echa por tierra" una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a abonar pagas extras a los parados asistenciales. Sartorius denunció que el Gobierno utilice al poder legislativo "para no cumplir las sentencias de los tribunales".

Por último, Izquierda Unida rechaza el aumento del 100% en los valores catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, frente al 5% en que se actualizan los urbanos.