Expertos europeos debatirán en Madrid fórmulas para proteger el patrimonio tras la supresión de fronteras

JORDI BUSQUETS ENVIADO ESPECIAL, Una comisión de expertos en patrimonio cultural y aduanas se reunirá en Madrid, posiblemente antes de fin de año, para estudiar la implantación de un mecanismo de control que garantice la protección de las obras de arte y de otros bienes de interés histórico-artístico de cada país tras la supresión, el 1 de enero de 1993, de las fronteras intracomunitarias. La creación de este grupo de trabajo fue acordada ayer en Roma durante una reunión informal de los ministros de Cultura de la CE.

La designación de España como país organizador del encuentro fue acordada tras presentar la delegación encabezada por el ministro de Cultura, Jorge Semprún, una propuesta que propugna la implantación de un sistema de control semejante al que rige en España desde la entrada en vigor en 1985 de la ley del Patrimonio Histórico Español. "No se trata de imponer nuestro modelo", matizó Semprún, "sino de mostrárselo a los demás, analizarlo conjuntamente e incorporarle las modificaciones que se considere adecuadas".La postura española, oponiéndose a la libre circulación de obras del patrominio cultural a partir de 1993, rechazada inicialmente por casi todos los países, concita en la actualidad amplio consenso. Al parecer, existe unanimidad en que, como preconizaba España, la definición de lo que debe entenderse por patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional corresponde a las autoridades de cada país y no a las instituciones comunitarias, a las que la propuesta inicial de la Comisión Europea atribuía la competencia de elaborar una definición válida para todos los países miembros.

Propuesta española

"Zanjado este problema", que la delegación española consideraba "fundamental", se trabajará ahora en la elaboración de unas normas o procedimientos que, sin basarse en los controles de las fronteras físicas intracomunitarias, permitan seguir garantizando y controlando la correcta aplicación de las medidas de protección nacional en los intercambios intracomunitarios", según un documento elaborado por España. La propuesta española, la única que se presentó a la reunión de ayer, toma como base el mecanismo de control previsto en la ley de Protección del Patrimonio Histórico Español y las normas que la desarrollan, que exigen para la exportación, entre otros requisitos, la autorización de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación.

La reunión de Madrid tiene como objetivo mostrar a los integrantes del mencionado grupo de trabajo cómo funciona el sistema español. Para convencer a los representantes de los países más reticentes a adoptar medidas de control, como Alemania, Semprún aportó a la reunión datos concretos. Explicó, por ejemplo, que de las 10.000 solicitudes de exportación temporal y definitiva que se presentan cada año sólo se rechazan cinco o seis.

La creación de la comisión de expertos que iniciará sus trabajos en Madrid no implica que vaya a aceptarse la propuesta española por completo ni que se alcance un acuerdo inmediato, pero sí garantiza que una vez finalizada la presidencia de Italia, y cuando tomen el relevo Luxemburgo primero y Holanda después (países poco interesados en el problema), los trabajos continúen y se acuerde la implantación de un sistema de protección antes del 1 de enero de 1993. También antes de esta fecha, siempre según la propuesta española, deberá llegarse a un acuerdo para "armonizar los controles en las fronteras exteriores de la Comunidad a efectos de una aplicación uniforme de los mismos para la exportación de bienes culturales con destino a terceros países", según el mencionado documento español.