La CE debe clarificar sus criterios de control de ayudas públicas, según Aranzadi

La CE debe clarificar y flexibilizar los criterios de control de ayudas públicas "para reducir la incertidumbre a las empresas", según la propuesta defendida por Claudio Aranzadi en el Consejo de Ministros de Industria de la Comunidad celebrado ayer en Luxemburgo. La posición española es compartida por Italia, Bélgica, Portugal, Grecia y Francia. Por el contrario, la RFA, el Reino Unido, Dinamarca y Holanda son partidarias de mantener la total independencia de la Comisión y delimitar las subvenciones a la investigación tecnológica y a la corrección de desequilibrios regionales.

La división se extiende a la política de concentraciones de empresas. Los Doce llegaron a un acuerdo de principio sobre la necesidad de coordinar las políticas industriales, aunque en este como en el otro tema se reflejan dos bloques de filosofía diferenciada. Todos coinciden en que la competitividad mayor que impondrá el Mercado Unico y la convergencia económica que exigirá la unión monetaria "hacen necesarias unas líneas inspiradoras de una política industrial común", según Aranzadi.Pero, para el grupo en el que se alinean España e Italia, esa acción coordinada debe incluir la política regional y las medidas de ayuda a sectores en crisis, como el carbón y el textil. También, en producciones estratégicas como las de los semiconductores, en la que la CE es absolutamente dependiente de Estados Unidos y Japón. Para el resto, incluida la Comisión Europea, la política industrial común del. futuro no debe sobrepasar la actuación horizontal, es decir, los objetivos de la calidad industrial y la mejora tecnológica.

Crisis coyunturales

El comisario Martin Bangemann admitió la posibilidad de acordar ayudas para hacer frente a crisis coyunturales. Advirtió, no obstante, que "hay que evitar mantener arficialmente sectores que no son ya viables". El debate sobre las líneas directrices de la política industrial de la CE se reanudará en la reunión del próximo 26 de noviembre.

La división de opiniones es aún más neta en lo que respecta al control que la Comisión Europea debe ejercer sobre las concentraciones de empresa y las ayudas de Estado. La presidencia italiana propuso al comisario responsable de la política de la competencia, Leon Brittan, la discusión por el Consejo de Ministros de un reglamento en el que se homogeneicen los criterios para autorizar ayudas públicas. Esa propuesta de¡ ministro italiano Adolfo Battaglia, rechazada por Brittan, esconde el objetivo de elaborar con la participación de los Gobiernos "un nuevo código de conducta".

España, con problemas por las subvenciones públicas concedidas a los astilleros, las mimas de carbón, Enasa, Magefesa y empresas del Estado ya vendidas como Hytasa e Imepiel, está especialmente interesada en esa redefinición de criterios porque muchas de las ayudas podrían quedar en precario. En el caso de¡ naval, todavía espera una respuesta de la Comisión a su demanda de conceder subvenciones más altas, a cambio de aumentar en 2.000 empleos el recorte de plantillas en marcha y de mejorar la competitividad y diversificación de los astilleros del Estado. Paradójicamente, la RFA pide ahora, igual que España y Portugal, un trato temporal especial para los astilleros de la antigua República Democrática de Alemania.