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Tribuna:EL FUTURO DE SURÁFRICA
Tribuna
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La espiral de violencia

La violencia en Suráfrica ha causado centenares de muertos en los últimos meses El Gobierno de Pretoria y la prensa occidental la atribuyeron a una "guerra tribal". Los autores acusan al régimen de Pretoria de instigar la matanza.Suráfrica está sangrando . En los últimos cuatro anos, unas 4.000 personas han sido asesinadas en la provincia de Natal. Últimamente se han producido más de 800 muertos al extenderse la violencia al Transvaal. El Gobierno ha tratado de presentar esta violencia como producto de enfrentamientos tribales, de xhosas contra zulúes, o ideológicos, entre Inkatha y el Congreso Nacional Africano (CNA). Se ha intentado transmitir una imagen de violencia entre razas oprimidas.

Cuando tras un crimen se busca al responsable, la pregunta lógica debería ser siempre: ¿a quién beneficia? La violencia no beneficia ni al CNA, ni a De Klerk, ni a ninguna de las organizaciones que están comprometidas en una solución pacífica de los enormes problemas que el desmantelamiento del apartheid supone. Sólo retrasa las negociaciones por las que tan arduamente ha luchado la población. Por otra parte, ofrece una coartada para los enemigos de la política aperturista de De Klerk, poniéndole en una situación comprometida ante sus propias bases.

Quien impulsa y se beneficia de este proceso desea transmitir a estos blancos moderados la idea siguiente: "Ya os avisamos; sin un férreo control de la minoría, los negros se matarán entre ellos y destruirán el país".

Todos los especialistas se han puesto de acuerdo a la hora de valorar el papel de Inkatha. Este movimiento no tiene la capacidad de organización ni los recursos materiales para desarrollar una ola de violencia de esa magnitud. Además, sería contraproducente para los intereses de su jefe, Gatha Buthelezi, que instigaba la violencia cuando se circunscribía a su bantustán de Natal, ya que estaba encaminada a consolidar los valores conservadores y la jerarquía de los príncipes (auténticos señores de la guerra) al fortalecer las estructuras de partido único que había desarrollado en la zona.

Sobre la base de estas estructuras, la violencia se utilizaba de manera coercitiva para asegurar el sometimiento a su organización de una población que simpatizaba mayoritariamente con las fuerzas anti-apartheid.

Esta violencia era de carácter intimidatorio y, excepto en los raids masivos que se hacían para impresionar a un núcleo de población particularmente rebelde, muy selectiva, su objetivo era mantener el poder que le había sido concedido a Inkatha, movimiento al que es obligatorio afiliarse para obtener un puesto de trabajo en la zona. En Natal, la violencia también se definió como "tribal" o "étnica" por parte de la prensa, lo cual era ridículo ya que cualquiera sabe que, precisamente por su carácter de bantustán, la mayoría de la población es del mismo grupo étnico, es decir, zulú.

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El carácter político de la violencia en aquella región también debe matizarse. Lo que se presentó como un enfrentamiento entre Inkatha y el CNA fue en realidad. un intento de la población por desprenderse del yugo del partido único.

Volviendo a Buthelezi, ha dejado muy claro que sus aspiraciones son las de participar en las negociaciones y mantener el poder en su área a través de éstas y su fuerza armada, por lo que en ningún caso le beneficia el que las tensiones acaben interrumpiéndolas. Por otra parte, el ANC, Inkatha y los restantes grupos políticos habían llegado a acuerdos locales para pacificar Natal. Analizando el origen de esta explosión y los métodos empleados, obtendremos un perfil bastante detallado de los responsables de la violencia y de los intereses que los mueven.

En las dos primeras semanas del conflicto, la violencia surge y se ciñe a los alrededores de los hostales de Johanesburgo, unos 30 barracones de una sola planta donde se hacinan entre 125.000 y 200.000 trabajadores inmigrantes, en su mayoría zulúes.

Provocaciones

Los residentes de estos albergues sólo para hombres son trabajadores temporales provenientes de las áreas rurales. No tienen permiso de residencia fuera del plazo de su contrato laboral, no pueden traer a sus y sufren una disciplina interna casi militar. Para hacerse una idea de las condiciones infrahumanas de esta especie de campos de concentración, valga citar que, durante su visita a uno de ellos, el propio De Klerk los consideró repugnantes e inhumanos, declarando con firmeza que había que acabar cuanto antes con "aquella lacra".

Estos trabajadores constituyen, por sus condiciones de vida, la base perfecta para ser utilizados como fuerza de choque si se los provoca lo suficiente. El 28 de julio, a pesar de los rigurosos controles que existen para las visitas y para la actividad política, alguien sembró todos los albergues con octavillas insultando a los zulúes, a su rey y a sus tradiciones, denigrándolos y diciendo que el CNA los iba a expulsar de la zona y de sus tierras. Dichas octavillas estaban firmadas por Cosatu, la central de trabajadores unitaria vinculada al ANC. Si esta paradoja no fuera suficiente para sospechar el verdadero origen de las mismas, hay que añadir que gran parte de los afiliados con que cuenta el sindicato son zulúes.

Esta provocación fue seguida de otras muchas. La violencia se desató con una fuerza terrible. Las dos primeras semanas se trató de salidas de grupos de residentes de los hostales que atacaban a los habitantes de los suburbios con armas rudimentarias y quemándoles las chabolas. Sólo en una noche ardieron 200 en Witwartersrand.

¿Quién suministra estas armas? Como el Gobierno del Reino Unido con los sijs o domo el de Australia con los aborígenes, el Gobierno de Pretoria ha tenido la delicadeza de respetar la tradición de los zulúes de portar armas, pero sólo los residentes de los hostales y las fuerzas paramilitares de Inkatha pueden cumplir con esa costumbre. La mayoría de la población zulú de Natal y de los barrios de Johanesburgo no puede, ya que afrontarían largas condenas de cárcel por ello. Con este pretexto, el Gobierno no ha desarmado a los residentes de los hostales.

Por otra parte, el CNA y los partidos demócratas blancos han podido avisar a la policía antes de que se desencadenaran algunos de los ataques. La policía, a pesar de haber asegurado inicialmente que impediría las marchas contra una determinada población o mitin, ha dejado pasar a columnas de residentes armados e, incluso, ha participado del lado de los agresores cuando éstos han debido enfrentarse a la reacción de la población.

Tras la violencia indiscriminada de los raids alrededor de los hostales, la espiral llevó a que estas marchas se extendieran a lugares muy distantes de los barracones, alcanzando incluso a poblaciones alejadas más de 100 kilómetros.

Desde el 3 de septiembre se advirtió una mayor participación de miembros de la extrema derecha. En un ataque con granadas y armas de fuego que causó 36 muertos, la policía retuvo momentáneamente a cuatro blancos que lo dirigían. Esto ha obligado al jefe de la policía de Johanesburgo a aceptar por primera vez la participación de estos elementos. La hipótesis de la implicación policial se reforzó por el hecho de que los policías los conocían, no los detuvieron y ni siquiera han sido identificados. La policía se limitó a disparar contra la muchedumbre que rodeaba el lugar donde se habían refugiado, produciendo 11 muertos más.

La tercera fuerza

En vísperas de otro ataque, se produjo la detención del jefe de las juventudes de Inkatha cuando se hallaba en posesión de una partida de rifles automáticos AK-47. Este tipo de arma es característica del brazo militar del CNA y del Ejército angoleño. Inkatha carece de este armamento, por lo que la partida debe provenir de las armas incautadas por el Ejército en su lucha antiguerrilla. La maniobra parece clara: lanzar ataques con armas que identificarían a sus portadores como miembros del CNA, responsabilizando a este movimiento de la violencia indiscriminada que están sufriendo sus propios simpatizantes y la población.

La concatenación de todos estos hechos ha dado como resultado que la prensa dé ahora credibilidad a las declaraciones de Mandela al principio del conflicto, respónsabilizando a una tercera fuerza de la extensión de la violencia al Transvaal. Esta fuerza estaría compuesta por elementos de la policía, sectores del Ejército y miembros de la extrema derecha que habrían lanzado una campaña de desestabilización para hundir las negociaciones, aprovechando las condiciones de vida extremas y las frustraciones que producen en los residentes de los hostales.

Desde hace un par de semanas parece que una nueva fuerza ha ido a sumarse a las anteriores. Los testigos de los asaltos indican que entre los asaltantes, sobre todo en los raids nocturnos, hay personas que se comunican en un idioma desconocido. La posibilidad apuntada por algunos medios de que sea portugués y los métodos utilizados por los asaltantes han llevado a sospechar que elementos de la Resistencia Nacional de Mozanbique (Renamo), grupo armado financiado por Suráfrica y EE UU, participan en esta tercera fuerza.

La procedencia zulú de los protagonistas de los primeros asaltos ha llevado a la prensa a interpretarlos desde un punto de vista racial, pero tanto los asaltantes como los agredidos forman conglomerados étnicos mixtos, con miembros de casi todas las etnias en ambos campos.

Cuando el miércoles 12 de septiembre un grupo de terroristas abrió fuego desde un vehículo en marcha contra una parada de taxis, asesinando a tres personas e hiriendo a ocho, no se pararon a preguntar de qué etnia eran sus víctimas. Tampoco lo hicieron, cuando un grupo disparó indiscriminadamente contra los pasajeros de un tren, matando a 15 e hiriendo a 83. Ni cuando queman casas en el East Rand, ni cuando asesinan, hieren o destruyen chabolas de zulúes, de xhosas, de nbeles o de sutus, en Soweto.

¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno? El CNA considera a De Klerk como un hombre honesto, aunque el significado de las palabras paz, libertad y democracia no coincidan cuando él las expresa y cuando las utiliza Mandela. Éste, sin embargo, está convencido de que De Klerk considera que la situación del apartheid es insostenible y que está resuelto a transformarlo.

Pero, ¿son los miembros de su Gabinete ministerial todo lo fieles al proyecto de cambio como se piensa? Si es así, no son capaces de controlar los aparatos de sus propios ministerios, en especial el de la policía y el Ejército. En esta dirección se ha manifestado Mandela cuando ha exigido al Gobierno que acabe con la violencia. Que la policía se emplee a fondo en desarmar a los integrantes de las marchas y ataques que se hayan advertido con anterioridad. Y que se equipe a la policía con material antidisturbios defensivo para que la represión de la violencia no se realice con armas de guerra como hasta ahora.

Este llamamiento ha sido presentado al mundo como una aprobación, por parte del CNA, de los poderes excepcionales concedidos a las fuerzas de seguridad del Estado en la Operación Puño de Hierro. El CNA considera que el gobierno contó con dichos poderes en el pasado y fue incapaz de detener, cuando no incentivó, la espiral de violencia.

Ahmed Kathrada es miembro de la ejecutiva del Congreso Nacional Africano (CNA) y compañero de cárcel de Nelson Mandela durante 27 años. José Iglesias es miembro del gabinete de comunicación del Centro de Investigación para la Paz (CIP).

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