La entrada en vigor del impuesto sobre actividades económicas se atrasa a 1992

El nuevo impuesto municipal sobre actividades económicas, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 1991, se implantará un año más tarde. Esta es la propuesta efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda que aprobará próximamente el Gobierno en forma de real decreto-ley. En él se rebaja a la mitad el margen que tienen los Ayuntamientos -de 1 a 0,5- para reducir las cuotas en función de la localización del negocio, uno de los baremos del nuevo impuesto.

Las licencias fiscales y los impuestos municipales de radicación, publicidad y gastos suntuarios no desaparecerán el 1 de enero de 1991, como inicialmente estaba previsto. La fundición de estos tributos en uno solo, el nuevo impuesto sobre actividades económicas, se producirá un año más tarde, debido a las complejidades para su aplicación.Por esta misma razón, la historia de este impuesto está plagada de continuos aplazamientos. El último de ellos, la aprobación del decreto legislativo por el que se establecen las tarifas -un voluminoso texto legal de unas 300 páginas-, expiraba el 31 de diciembre del año pasado. El Gobierno dará un nuevo plazo, hasta el 1 de octubre de este año para su aprobación.

Si su entrada en vigor no se hubiera pospuesto un año -hasta el 1 de enero de 1992-, la Administración central, los Ayuntamientos y los propios contribuyentes -empresarios, profesionales y artistas, unos cuatro millones en total- se habrían encontrado con serias dificultades para su aplicación, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

Las presiones de los Ayuntamientos y de la CEOE que ha calificado de "arcaico" a este nuevo tributo, han sido decisivas a la hora de que Hacienda proponga al Gobierno este nuevo aplazamiento de un año.

Un primer problema es el de la gestión del nuevo impuesto porque los tres tributos sustituidos se exigen en niveles administrativos diferentes y se rigen por distintos baremos. Así, mientras que las licencias fiscales se pagan al Estado y se exigen con carácter general, el impuesto de radicación solamente afecta a las actividades económicas instaladas en municipios de más de 50.000 ayuntamientos y se gestiona por éstos.

En cuanto a los criterios, también son diferentes. En la licencia fiscal se paga más cuanto mayor es la potencia instalada y, según el número de trabajadores. Por el contrario, el impuesto de radicación se fija en función de la superficie del negocio y su localización. El nuevo impuesto refunde todos estos criterios.

Problemas de gestión

Debido a estas diferencias, "resultaba difícil establecer el nuevo impuesto sobre actividades económicas sin que se produjeran desplazamientos de las cargas tributarias entre los distintos sectores económicos o de las cargas de gestión entre las distintas administraciones", según fuentes de Hacienda.Para que no se produjeran estos desajustes era necesario un estudio detallado de los excedentes empresariales en los distintos sectores, de forma que "los aumentos en la presión fiscal estuvieran justificados". Además, era necesario resolver los problemas de gestión y de coordinación entre las distintas administraciones. Para todo ello, los plazos inicialmente previstos se han quedado cortos.

Este aplazamiento de un año se recoge en un proyecto de real decreto legislativo que aprobará el Gobierno, donde se modifica además el índice que pueden aplicar los ayuntamientos para aumentar o reducir las cuotas del impuesto en función de la calle donde radique el negocio. Según esta modificación, los ayuntamientos podrán reducir a la mitad como mínimo o multiplicar por dos como máximo esta cuota, mientras que antes el margen era dejarla igual o multiplicarla por dos.