Varón o hembra

EN LA polémica desatada a raíz de la decisión del juez de Mataró de autorizar a una madre de cinco hijos varones la elección del sexo femenino para el sexto, los aspectos científicos, humanos, médicos e incluso legales del caso han cedido terreno a los prejuicios ideológicos y, en particular, al temor que suscita la puesta en marcha de mecanismos que abren posibilidades inéditas de cambio en comportamientos ancestrales del ser humano. Lo sucedido, sin embargo, no es una excepción. Esta actitud, mezcla de miedo a lo desconocido, de responsabilidad ante los riesgos de una ciencia mal dominada y de apego a valores y convicciones que, a veces, sólo tienen en su haber la pátina del tiempo, está presente en todo lo que se relaciona con la biotecnología y los avances científicos en el campo de la reproducción asistida.En el caso de Mataró, la polémica se ha complicado a causa de la dudosa legalidad, según algunos, de la resolución adoptada. Sobre ella ha echado más leña el ministro de Sanidad con su mezquina decisión de prohibir que la operación de selección de sexo autorizada por el juez se practique en un centro del Insalud. La ley sobre técnicas de reproducción asistida, promulgada en noviembre de 1988, autoriza la selección del sexo exclusivamente por motivos terapéuticos, es decir, cuando se trata de impedir la transmisión de una enfermedad hereditaria al nuevo ser. Sin embargo, la decisión judicial ha interpretado extensivamente esta motivación terapéutica aplicándola también a los progenitores con la finalidad, en este caso concreto, de superar el síndrome depresivoansioso que padece la madre. Y aunque responde a un supuesto concreto, constituye un precedente autorizado para la solución de otros casos parecidos y, sobre todo, obliga a una reflexión en profundidad sobre la necesidad de clarificar una legislación en riesgo permanente de quedarse corta ante las innovaciones constantes de la biología.

La postura prohibicionista sobre la selección del sexo tiende a preservar el bien social del equilibrio demográfico. Pero es dudoso que este equilibrio se rompa por decisiones que afectan a casos concretos y que sólo tienen efecto en el ámbito del grupo familiar. En Estados Unidos, donde la elección de sexo está legalmente autorizada, no se ha apreciado ningún desequilibrio, entre otras razones porque la cultura existente no da preferencia a un sexo sobre otro y son relativamente escasas las parejas que practican esta opción. Más bien, los casos de selección buscan un efecto reequilibrador en el seno de familias que ya tienen varios miembros del mismo sexo. El riesgo de desequilibrio demográfico existiría realmente si estas técnicas sirvieran de soporte a políticas globales impulsadas desde el poder. Es en este ámbito donde se manifiestan los riesgos asociados a la dimensión ambivalente de las nuevas tecnologías genéticas.

Pero parece desproporcionado deducir tales riesgos de la resolución concreta comentada. La pareja que solicita la ayuda de la ciencia para que su sexto hijo sea hembra ejerce su libertad individual, lo hace por un motivo razonable y no atenta contra el bien social del equilibrio demográfico, sino que, en todo caso, lo salvaguarda. Y, por otra parte, el procedimiento empleado -la filtración de los espermatozoides del tipo deseado para su inseminación artificial- nada tiene que ver con una manipulación genética del embrión. En todo caso, no deja de ser un tanto hipócrita rasgarse las vestiduras ante cuestiones de ética pequeña, que afectan a ciudadanos corrientes y que tienen que ver con su felicidad, y permanecer mudos y pasivos ante las violaciones y desequilibrios de todo tipo -económico, ecológico e incluso demográfico- con que ciudadanos más poderosos ponen en peligro el futuro de la humanidad. Los poderes públicos deberían inmiscuirse lo menos posible cuando se trata de aprovechar estas técnicas para la solución de los problemas de las personas y, en cambio, ser extremadamente severos ante todo lo que suponga su posible desvío hacia otros objetivos inconfesables de dominación social o de beneficio económico.