La Junta de Castilla prohíbe la venta de truchas comunes vivas o muertas

La Junta de Castilla y León ha prohibido por tiempo indefinido la comercialización, de truchas vivas o muertas, salvo las procedentes de piscifactorías y siempre que se justifique su origen mediante guías o precintos. Los infractores serán sancionados con multas que pueden llegar al millón de pesetas si trafican con ejemplares vivos y a 100.000 pesetas si se trata de truchas muertas.El Gobierno autónomo ha tomado esta decisión, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, tras constatar la situación regresiva de la riqueza piscícola de la comunidad, regresión muy notable en el caso de las poblaciones de trucha cornún" otrora muy abundantes en los ríos y lagos de la región. El objetivo es poner en marcha "una medida de protección fundamental que quite a los furtivos estímulos como los ingresos económicos derivados de la venta de ejemplares obtenidos en la mayoría de las ocasiones por procedimientos ilegales". La Junta asegura que esta prohibición era esperada y será bien acogida por los casi 100.000 pescadores castellano-leoneses, ya que busca "combatir el furtivismo y la comercialización fraudulenta".