España veta un proyecto anticontaminante de la CE para no renunciar al desarrollo económico

España se opone a controlar las emisiones de dióxido de carbono porque ello significaría paralizar el desarrollo energético. "El proyecto de limitar la polución atmosférica a los niveles actuales atenta contra los objetivos del Plan Energético Nacional y para nosotros es el suicidio económico", según fuentes del Gobierno. Las emisiones españolas de C02 por habitante son las segundas más bajas de la CE, inferiores a las de Francia, el país más nuclear del mundo.

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la CE que se celebrará el jueves en Luxemburgo se convertirá en un nuevo episodio del enfrentamiento entre ecología y desarrollo. Pero debajo del nuevo proyectó de resolución., política para luchar contra el efecto invernadero y el recalentamiento climático de la Tierra se ocultan contrapuestos intereses económicos.El objetivo de la resolución es servir de base para futuras propuestas de la Comisión Europea con el fin de limitar las emisiones de dióxido de carbono a los niveles actuales. Estas medidas van dirigidas directamente contra las centrales térmicas y las de fuel, por eso, la industria nuclear francesa es la principal partidaria del proyecto. España y, de una forma más matizada, el Reino Unido, se oponen radicalmente al texto.

La delegación española plantea que, a la vez que el año, para comenzar a mantener los actuales niveles de emisión de C02 a la atmósfera -se habla de 1990 o de final de la década- se debe decidir el reparto interno. La mayoría de los países comunitarios apoyan la resolución con la condición de que el esfuerzo anticontaminador sea igual para todos. "Nosotros no aceptamos la linealidad bajo ningún motivo, porque partimos de índices de contaminación y de equipamiento energético muy diferentes", dijeron fuentes de la Administración en Bruselas.

El tema de la resolución ha sido debatido en las últimas reuniones de la Comisión Interministerial y al Consejo de Ministros de la CE del jueves, al que acudirá el ministro de Obras Públicas, se llevará una postura común del Gobierno La posición española parte de la íntima relación entre infraestructura económica y crecimiento económico. La próxima revisión del Plan Energético Nacional (PEN) contempla la necesidad de 7.000 megavatios añadidos de potencia instalada para hacer frente a las necesidades energéticas del país a partir del año 2005.

El accidente de Vandellòs ha dado al traste con la última posibilidad de revisar, aunque fuera parcialmente, la moratoria nuclear. España negocia con Francia el suministro de 2.000 megavatios, pero el país vecino no tiene posibilidad de un mayor abastecimiento. A los 5.000 megavatios restantes habrá que añadir el vacío de 500 megavatios que dejará el cierre del grupo nuclear de Vandellòs. Para el nuevo abastecimiento de energía se cuenta casi sólo con el recurso a centrales térmicas, porque las posibilidades hidráulicas están casi agotadas.

Alternativa española

La alternativa española a la propuesta mayoritaria de los Doce es que se establezca un umbral medio obligatorio para todos. "Si el que contamina paga, son los que están por encima de la media de contaminación los que deben reducir y nosotros, hasta ese tope, debemos poder seguir creciendo en función de nuestro desarrollo", afirman representantes de la Administración en Bruselas. En su opinión, "algunos países sólo entienden este principio cuando se trata de vender equipos anticontaminantes".

Francia, con las, nucleares, es la alternativa a las centrales térmicas, mientras que la industria de la RFA es la única capacitada para los costosos equipos anticontaminantes, así como para las modernizaciones de los actuales grupos térmicos. Pero en España, según fuentes de Industria, aún no hemos llegado a su nivel de infraestructura energética y "para todos es indiscutible la relación directa entre consumo de energía y crecimiento económico".

Las objeciones españolas al texto de la resolución parten también de que un proyecto similar, aunque más vago, fue aprobado el 19 de junio de 1989, bajo presidencia española de la. CE. En él las medidas quedaban condicionadas a "estudios y propuestas concretas que la Comisión Europea aún no ha presentado". La presidencia francesa intentó a final de año endurecer el proyecto, pero se encontró con el rechazo del Reino Unido y España. Ahora es la presidencia irlandesa la que ha vuelto a la carga, impulsada por,la Comisión, que quiere forzar a EE UU de cara a las negociaciones para la Convención Mundial sobre la evolución del Clima.