Los responsables del medio ambiente, incapaces de aplicar el Plan Nacional de Residuos Tóxicos

Los responsables de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) consideran que no hay voluntad política en las comunidades autónomas, ni solidaridad de la sociedad ni de los productores de residuos tóxicos, para que el Plan Nacional de Residuos Industriales, que debía haberse puesto en mucha este año, se realice. Sólo 5.700 empresas han declarado los residuos que producen, y su listado no se hará público.

Se estima que en España se generan anualmente alrededor de dos millones de toneladas de desechos considerados tóxicos y peligrosos. Recientemente se ha creado la Empresa Nacional de Gestión de los Residuos Industriales (Engrisa), dependiente de la Dirección General de Patrimonio y del MOPU, pero aún no ha cristalizado ninguna gestión para crear una empresa mixta que se encargue de poner en funcionamiento tanto los depósitos de seguridad como las plantas de tratamiento fisico-químico o las tres plantas incineradoras de residuos previstas en el plan. Cada una de estas plantas, que en un principio iban a ser cinco, podría costar alrededor de 325.000 millones de pesetas. Engrisa cuenta con un presupuesto de 2.000 millones de pesetas para participar en el capital social de las empresas que se decidan a gestionar los residuos industriales.El responsable de Engrisa Juan Mazarrasa, admite que la empresa la constituyen por ahora él y una secretaria y que están buscando técnicos para empezar a actuar. Mazarrasa afirma que la empresa está "poco madura" y que la puesta en marcha del Plan Nacional de Residuos Industriales va retrasada. "Ninguna comunidad autónoma ha aceptado aún la construcción de una planta de tratamiento de residuos industriales en su territorio, aunque se habla de que podrían instalarse en Cataluña, Madrid y el País Vasco".

"El horizonte para la construcción de estas plantas es ahora el año 1993. Tenemos que estudiar lo que están haciendo otros países. Por ejemplo, en Francia, donde muchos residuos industriales se queman en las cementeras. Nosotros podríamos hacer lo mismo cumpliendo una serie de requisitos técnicos También en Estados Unidos, el 70% del combustible que se gasta en las cementeras proviene de los residuos industriales". Mazarrasa asegura que el plan prevé el tratamiento de 750.000 toneladas de residuos al año, de las cuales unas 100.000 toneladas irían a las incineradoras que nadie quiere construir.

El Secretario General de Medio Ambiente, Domingo Ferreiro no niega que existen dificultades para poner en marcha el Plan Nacional de Residuos Industriales. "El mayor problema es la actitud insolidaria de la gente, que impide que se construyan plantas de tratamiento de residuos en su territorio. Está claro que habrá que pactar con las poblaciones y sus representantes y otorgarles algún tipo de compensación. No obstante, vamos a tratar de cumplir los plazos del plan, aunque tenemos que conocer más a fondo aún la realidad social".

5.700 probos empresarios

Ferreiro dice que a la solicitud de la Secretaría General de Medio Ambiente para que las empresas españolas declaren sus residuos sólo han respondido 5.700 empresas, sobre todo de Madrid, Cataluña y el País Vasco. Esta lista ha sido largamente esperada por el moviminero ecologista, pero no se hará pública. "Eso no sería ético", aclara Ferreiro, "porque pondríamos en evidencia precisamente a quienes han declarado sus residuos y seguirían en el anonimato aquellos que prefieren ocultarlos". Los responsables de la Administración medioambiental encuentran muy reducida la cifra de declarantes de residuos y dudan de la voluntad de los productores para solucionar el problema, a la vista de los que han hecho la declaración.El subdirector de Calidad Ambiental del MOPU, Antonio Díaz Vargas, señaló el pasado jueves durante un coloquio sobre la organización político-administrativa del medio ambiente en España, organizado por el Colegio Oficial de Biólogos, que "aún no hemos recibido garantías por parte de los productores de que la ley sobre residuos tóxicos y peligrosos vaya a cumplirse. El Plan Nacional de Residuos Industriales está ahí, pero no hay quien sea capaz de ponerlo en marcha. Existe una cierta ralentización en este sentido por parte de las comunidades autónomas y una evidente contradicción ciudadana al oponerse al mismo. Nosotros no podemos obligar a las autoridades autonómicas ni a los particulares a que pongan en marcha el plan y construyan las plantas incineradoras. La Administración puede hacer el apostolado más absoluto en estos temas y poco más".

La polémica más encendida relacionada con la construcción de plantas de residuos tóxicos se ha fraguado en Cataluña, donde los ciudadanos han mostrado una fuerte resistencia a los planes de la Generalitat. En este sentido, el biólogo Pere Camprubí, decano del Colegio de Biólogos, señaló en el mencionado coloquio que la Generalitat llegó a plantear que si algún Ayuntamiento se oponía a otorgar la licencia de obras para la instalación de alguna planta incineradora, las mismas autoridades de la Generalitat la concederían imponiendo su voluntad. "Esa actitud no es otra cosa que ir contra la voluntad popular y la de las autoridades locales", manifestó Pere Camprubí.