Editorial:Editorial
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Debate crucial

LA PROPUESTA del presidente del Gobierno, Felipe González, de reorientar el debate nacional hacia los problemas planteados por la integración europea coincidió con el momento más intenso del escándalo de Juan Guerra. Una iniciativa tan necesaria, adelantada por el presidente del Ejecutivo en el Pleno sobre la moción de confianza del pasado día 5 de abril, fue inmediatamente tildada por la mayor parte de la oposición de maniobra de diversión del partido gobernante para encubrir su falta de voluntad política en el esclarecimiento de cuestiones internas consideradas más acuciantes, como las relacionadas con la corrupción y el anquilosamiento de la vida institucional.Es cierto que la actitud de los socialistas abona esas interpretaciones. Así, por ejemplo, ahora mismo, el deliberado bloqueo de la iniciativa de atribuir a la Comisión del Estatuto del Diputado capacidad para investigar los escándalos. Casi todas las comisiones del Congreso se rigen por un sistema de representación proporcional, lo que garantiza a los socialistas la mayoría en el seno de ellas. Pero la del Estatuto del Diputado es una de las pocas que tiene composición paritaria: están representados todos los grupos, y cada uno de ellos dispone de un voto. Ante el riesgo de ser dejado en minoría en relación a eventuales investigaciones incómodas, el PSOE, que inicialmente aceptó la idea, plantea ahora congelar cualquier propuesta hasta que la proyectada reforma del reglamento determine si esa comisión debe regirse por el sistema de voto ponderado. Se trata de una actitud sectaria: los intereses del partido se anteponen a los del sistema.

Sin embargo, sería irresponsable que la oposición tomara pie en ese sectarismo para responder con uno simétrico, anteponiendo lo que percibe como oportunidad de desgastar al Gobierno a los problemas profundos de la sociedad española. Y que entre éstos ocupan un lugar relevante los relacionados con la integración europea es algo que no admite duda. La oposición ha venido reclamando una mayor participación en la definición de las líneas maestras de la política española en relación a los desafíos del mercado único. Se trata de asuntos que desbordan el plano programático y requieren de un consenso básico que comprenda tanto a los interlocutores sociales (patronal y sindicatos, fundamentalmente) como a las fuerzas parlamentarias. Entonces, nada sería tan irresponsable como encastillarse en aspectos más llamativos, pero no más trascendentes, de la realidad actual para desdeñar la oportunidad de un pacto básico sobre esos problemas. Así lo han entendido las principales fuerzas políticas, desoyendo los llamamientos demagógicos de quienes, más papistas que el Papa, piensan que si de desgastar el poder de los socialistas se trata, todo vale. Aunque sea al precio de dejar de lado aspectos decisivos para el futuro de este país.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 23 de mayo de 1990.

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