El Salvador afligido

Para el autor, la firma del acuerdo en El Salvador entre Gobierno y guerrilla es un paso fundamental para lograr la pacificación de ese país centroamericano. Sin embargo, el silencio de las armas no es la única finalidad, porque aún quedarán los difíciles problemas sociales y políticos, que resultan históricos y que en gran medida provocaron el nacimiento de la guerrilla.El acuerdo para pacificar El Salvador suscrito en la sede de la ONU de Ginebra por el Gobierno y la guerrilla contiene los propósitos y el procedimiento a utilizar durante el proceso de negociación que ya hemos iniciado. Tal como está enunciado en el texto, el propósito fundamental es el de "terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña".

El conflicto armado no es solamente un problema militar, sino que, sobre todo, es expresión de un problema social y político muy profundo aún no resuelto. La guerrilla salvadoreña no ha existido siempre, sino que surge en determinadas circunstancias de la historia nacional. Según observadores y analistas, entre los que se cuentan oficiales del Ejército de Estados Unidos, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) tiene capacidad para subsistir combatiendo todavía varios años. Esto muy a pesar de los grandes cambios producidos en el mundo, en particular en los países de Europa del Este, pero más especialmente en la región centroamericana, con la ocupación de Panamá por las tropas de Estados Unidos y la posterior derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua que ha llevado a la presidencia de la república a Violeta Chamorro.

Hoy por hoy, el conflicto no tiene salida por la vía militar, ningún bando puede derrotar al otro. Es necesario encontrar la solución política que ponga fin a la guerra.

La solución tiene que ver, primero, con la solución del problema militar por la vía negociada en tanto expresión de un problema político y, segundo, con la democratización del poder político y de la sociedad salvadoreña en su conjunto. Solucionar el problema militar quiere decir supeditación del Ejército al poder civil generado democráticamente. Luego, significa depuración, reducción, reestructuración de las Fuerzas Armadas, que han ejercido el poder durante casi 60 años violando los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Además, exige la desmilitarización del Estado y la sociedad

Subordinación militar

Por otra parte, la democratización del poder en El Salvador implica la reforma del sistema judicial, que ha sido corrompido por la actividad criminal del régimen militar durante todos estos años. Baste recordar que ha transcurrido una década sin que se haya esclarecido el caso de monseñor Romero, aun a pesar de que se sabe quiénes son los responsables de su asesinato y de que ellos ocupan cargos importantes dentro del Estado. El caso del asesinato de los padres jesuitas también revela las graves fallas de este poder del Estado. Por ejemplo, toda la investigación tiende a terminar señalando como único responsable intelectual al coronel Guillermo Alfredo Benavides, que cumplía el cargo de comandante de la zona de seguridad donde está la Universidad Católica, lugar donde fue realizada la matanza aquella noche terrible del 16 de noviembre de 1989. Sin embargo, el historial de Benavides en las Fuerzas Armadas, según las investigaciones, es relativamente limpio. Se estima que es impensable que una persona como él se haya atrevido a actuar sin que alguien se lo ordenara. El proceso de otro caso alarmante de violación de los derechos humanos acaecido en El Salvador, y que ha conmovido la conciencia de la comunidad internacional, revela las graves deficiencias que tiene la Administración de justicia en nuestro país. Especialmente la ausencia de independencia de la Corte Suprema de Justicia frente a las Fuerzas Armadas, su total falta de autoridad moral para señalar a los culpables. Consideramos, además, que la democratización exige un nuevo sistema electoral que realmente permita la libre participación de los que tienen el derecho al voto en elecciones verdaderamente limpias y libres, en las cuales, sobre todo, se imponga el respeto a la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas.

En El Salvador el análisis del problema de las elecciones constituye también un hilo conductor para comprender las causas del conflicto. Solamente en la década de los setenta participamos, en 1972 y 1977, en elecciones para presidente, y en ambas oportunidades la oposición democrática las ganó masivamente. Mas, sin embargo, la voluntad popular fue burlada por el régimen. Pero además, para señalar los orígenes del conflicto, hay que referir brevemente que, todavía con la formación del Gobierno surgido del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, aunque ya el país se encontraba sumido en profunda crisis, existió la posibilidad de hacer los cambios que evitaran el desencadenamiento de la guerra civil.

Este Gobierno ha sido el más amplio y pluralista que jamás haya existido en la historia política del país. A su cabeza, junto a dos altos jefes militares, figuraban Guillermo Ungo, dirigente socialdemócrata, y Román Mayorga Quiroz, que hasta aquel momento ocupaba el cargo de rector de la Universidad Católica. El Ministerio de la Presidencia estaba bajo la responsabilidd de Rubén Zamora, socialcristiano; Héctor Oquelí, socialdemócrata, asesinado recientemente por los escuadrones de la muerte en Guatemala, ocupaba el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores; Salvador Samayoa, ahora miembro de la Comisión Política Diplomática del FMLN, era ministro de Educación; y así otros representantes de sectores políticos e intelectuales del país. Enrique Álvarez Córdova, proveniente de las ricas familias de la oligarquía salvadoreña, que ocupó la cartera de Agricultura, fue salvajemente asesinado, en noviembre de 1980, junto con el resto de miembros del Consejo Ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario formado después del fracaso de aquel Gobierno.

Sin embargo, los civiles que participamos en el Gabinete ministerial, por un lado, no teníamos control de los cuerpos de seguridad para detener la represión contra las organizaciones populares que ellos continuaban y, por otro, los altos jefes militares, durante las reuniones del Gabinete en la casa presidencial, hacían amenazas abiertas diciéndonos que los civiles estábamos en el Gobierno gracias a ellos y que mejor cesáramos de estar hablando de cambios en el país. También monseñor Romero denunció la actitud de la oligarquía en sus homilías al ver su actitud de irrespeto a la voluntad popular expresada en elecciones y su intransigencia frente a la necesidad de los cambios.

En cuanto a las elecciones, las realizadas recientemente en Nicaragua son verdaderamente ejemplares para entender en su amplia dimensión lo que queremos decir. Primero, la población salvadoreña es el doble de la nicaragüense. No obstante, en El Salvador, el registro de ciudadanos con derecho a voto solamente llega a 1,6 millones; deberían estar registradas cerca de tres millones de personas. En Nicaragua, el registro abarcó a 1,9 millones de ciudadanos, y éste se realizó en cuatro domingos. Mientras, en El Salvador, después de ocho años, aún no se finaliza, y para hacerlo se utiliza un proceso deliberadamente complicado. Daniel Ortega perdió la presidencia con el mismo número de votos con que la ganó Alfredo Cristiani. Éstos son solamente algunos parámetros que nos permiten explicar por qué exigimos un registro y un proceso electoral que permita a los ciudadanos y ciudadanas, activistas y candidatos, una alta participación a lo largo de todo lo que dure el proceso en condiciones de plena seguridad, acompañado de observación internacional, tal como también se dio en Nicaragua.

Otro problema relacionado con la solución del conflicto es el de la justicia social. El problema de la tierra, fuente fundamental de la riqueza en El Salvador, está concentrada en muy pocas manos. Resolverlo es también una cuestión fundamental para alcanzar niveles aceptables de distribución de la riqueza. La mayoría de la población vive en el campo. Allí existe un 80% de analfabetismo, alta tasa de mortalidad infantil, un 70% de desempleo, y no se aumentan los salarlos ni la tarifa de precios de la recolección de la cosecha desde 1979, mientras la inflación ha subido un 40%

4.000 millones de dólares

El Gobierno de Estados Unidos, a lo largo de casi 10 años, ha invertido en la guerra en El Salvador más de 4.000 millones de dólares sin obtener éxito en uno de sus objetivos más estratégicos: la derrota militar de la guerrilla del FMLN. La inversión hecha por ellos ha sido mucho mayor que las hechas en cualquier otro país de América Latina en los últimos 10 años. Para este año fiscal de 1990 El Salvador ocupa el séptimo lugar entre los primeros 10 receptores de ayuda económica y militar en el mundo, por encima de cualquier país latinoamericano y de Europa oriental, no obstante la alta prioridad asignada por la Administración de Bush y el Congreso a estos últimos.

Lo anterior muestra lo decisivo que es para la paz en El Salvador y América central que Estados Unidos juegue un papel positivo en el proceso de negociación que iniciamos.

En general, éstos son los ejes de la negociación, éste es el conjunto de problemas que nosotros consideramos deben abordarse en el transcurso del nuevo proceso de conversaciones. La participación de Pérez de Cuéllar, en su condición de secretario general de las Naciones Unidas, nos compromete a todos a encontrar solución a los problemas políticos que desencadenaron la guerra.

Todas nuestras propuestas han estado y siguen estando alrededor de los cambios políticos, sociales y económicos que deben realizarse para garantizar el desarrollo de la democracia, el pluralismo, la justicia social y el pleno respeto a los derechos humanos en El Salvador. No estamos pidiendo nada para nosotros como individuos. El Gobierno de El Salvador ha insistido repetidas veces en ofrecernos amnistías y garantías de seguridad a cambio de deponer las armas e incorporarnos a la vida política como partido legal. Nosotros hemos respondido: nuestra incorporación será en el marco de la nueva situación que se cree por los acuerdos y decisiones que abran un verdadero proceso de democratización en el país.