¿Qué reforma agraria ?

El autor aborda la polémica desatada en torno a las últimas expropiaciones de fincas que se han producido en Extremadura calificando la política que está llevando a cabo la Junta de aquella comunidad autónoma como una forma de conseguir tan sólo pan para hoy y hambre para mañana.

La polémica surgida por la sentencia del contencioso que a la Junta de Extremadura le plantearon los titulares de la propiedad, sobre la procedencia o improcedencia de la expropiación de diversas fincas que la Junta se proponía realizar, por causa de interés social y en aras de una pretendida reforma agraria, ha puesto en debate el modelo de reforma agraria que finalizando el siglo XX conviene a nuestra comunidad.Un colectivo como el nuestro, el de los ingenieros técnicos agrícolas y peritos agrícolas, tan comprometido con el desarrollo de la agricultura, ha de opinar desde la representatividad que le concede la sociedad y las leyes, por su órgano corporativo, el colegio, que viene siguiendo con expectativa, desde la promulgación de la Ley de la Dehesa en Extremadura y otras leyes y normas encaminadas al desarrollo de la agricultura en nuestra autonomía.

Dada la pasión desatada en torno a la cuestión de la reforma agraria, la más prudente premisa exige situarnos en el momento actual, su importancia humana y económica, por lo que necesariamente nos hemos de referir a su situación en la Comunidad Europea, España y Extremadura.

Los datos referidos al año 1985 son los siguientes:

- En la Comunidad Europea a 12, la población empleada en la agricultura es del 8,6%, sobre el total, aportando sólo el 3,9% del producto interior bruto (PIB).

- En España se emplea el 16,9%, contribuyendo con el 5,7% del PIB.

- En Extremadura el campo absorbe el 31% de la población, aportando el 16,8% del PIB autonómico.

La población extremeña está muy ruralizada: el 67,4% vive en zonas rurales, cuando el promedio nacional es del 37%.

Pero un elevado componente agrícola en una región, país o continente, sea por su elevada participación humana o económica, significa atraso social y económico.

Sentada esa premisa, que por lo demás es y era una obviedad, que su expresión numérica sitúa en su verdadera dimensión, habremos de referirnos al informe que la Comisión, en Bruselas, publicó en mayo de 1987, sobre la situación de las regiones de la Comunidad ampliada.

Problemas regionales

El estudio, para sintetizar el problema, utiliza un índice que considera el rendimiento económico y la situación del mercado del empleo en las regiones; la dispersión del número índice resultante va del 36,9% para la región de Basilicata, en Italia, hasta 171,9% en Desustadt, en Alemania Occidental.

Los problemas regionales más grandes corresponden a los valores menos elevados del índice y viceversa, la media de la dispersión del índice corresponde al valor 67,5%; Extremadura, con un índice de 39,2%, ocupa el cuarto lugar.

El PIB por habitante, para las 160 regiones que comprende la Comunidad, tomando 100 para la media resultante, y clasificándolas por orden creciente, nos sitúa en el tercer lugar, con sólo el 46,6% del PIB de la media comunitaria, donde el cenit lo alcanza Groninga, en Holanda, con el 237,4%.

La agricultura comunitaria está subvencionada en un 49,9% del valor de su producción, porque en los últimos siete años los precios de los productos agrícolas han descendido un 33% en los mercados internacionales.

La Comunidad está abastecida de alimentos; es más, sobran alimentos, pues cumplidas ampliamente las reservas alimentarias que todos los países previsores almacenan en prevención de las oscilaciones a que las producciones agrarias se ven sometidas periódicamente, al final han de venderse en los mercados internacionales, con importantes pérdidas, la carne, los cereales, la leche y sus derivados, etcétera, que nos sobran.

Dentro de la Comunidad Europea, a la que pertenecemos, la política va encaminada a la competencia, al libre mercado, a la eliminación de explotaciones marginales; los "estabilizadores agrícolas" y la "retirada de tierras de cultivo" (set aside) son medidas de prudencia encaminadas a no crear el caos en la agricultura, pero que estuvieron precedidas por otras, como lo fueron, y siguen siendo, las tasas: la de corresponsabilidad, suplementarias, supertasas, etcétera, todas ellas dirigidas a desalentar la producción marginal agrícola.

En resumen: puesto que sobran alimentos en el seno de la Comunidad y la producción resulta cara (pues producir para exportar con pérdidas entraña un alto coste social), han de cesar en la producción las explotaciones de alto coste por unidad producida, que precisamente son aquellas que tienen menor superficie por unidad de fuerza laboral. Ante esta situación, la política expropiatoria seguida por la Junta de Extremadura no deja de ser una política piadosa de pan para hoy y hambre para mañana.

El millón de extremeños que emigró no pertenecía sólo al grupo de los jornaleros; también fue el de algunos miles de pequeños propietarios agrícolas, que encontraron mejor acomodo en la industria y en los servicios de otras regiones o países, porque aquí no existían. Se fueron porque la mecanización y la nueva tecnología hicieron entrar en crisis a la agricultura tradicional, a la de subsistencia, a la de caridad, a las de tierra de poco fondo y menos medios, que obligaba a labrar y a explotar gran parte de ese 60% de las tierras que en nuestra comunidad son de aptitud forestal.

Cultura agrícola

Nuestra cultura, la de nuestra autonomía, sigue siendo agrícola, pero la tecnología representa civilización, y en éste, como en tantos otros aspectos de la vida, va muy deprisa, a la velocidad que avanza la ciencia que la ilumina, y su éxito está precisamente en el cambio, que es lo que recoge su historia, siempre al servicio del hombre.

La energía eléctrica que se produce en la región, con tanto riesgo y tan poco beneficio para la misma, debería ser tema de más interés político para la Junta. Conseguir la electrificación de nuestras explotaciones agrícolas y unas tarifas acordes con la ventaja de consumir sin pérdidas de transporte darían más beneficio a la región que la exportación de capital que supone el pago de cualquier expropiación a los denostados residentes de Serrano.

Cualquier finca situada en el ámbito de la autonomía es un recurso natural dentro de la misma. Que esté bien explotada, de acuerdo a sus posibilidades físicas y a la tecnología disponible en cada momento, es lo que importa.

La expropiación a la señora duquesa es un mal negocio para Extremadura: por unos recursos que nos costaban seis millones anuales pagaremos 150 millones, con lo que la explotación se encarecerá hasta 25 millones de pesetas. En resumen, un mal empleo de capital económico.

El caso de la finca forestal de NavalvIllar de Ibor parece aún más lamentable. Después de rechazar su Ayuntamiento el ofrecimiento de compra por 52 millones de pesetas (que le hizo en tiempo reciente su anterior propietario), por negarse la Junta a facilitar tales recursos, se gestiona la venta a una sociedad, que la adquiere con la intención de explotarla para coto de caza, autorizándoselo así la propia Junta.

Esta sociedad comienza a invertir, y según hechos probados, que mantiene el magistrado en su sentencia, se observa una disminución del paro en Navalvillar de Ibor, momento que la Junta decide intervenir, paralizando las inversiones programadas al iniciarse el procedimiento expropiatorio. La pregunta es obvia: ¿qué se pretende? ¿Asustar a nuestros inversores? No obstante, el nuevo titular se ofrece a negociar la venta de parte de la finca en beneficio del pueblo; pero no: se sigue el camino de la tremenda.

Resultado: que a una conducta civilizada del Poder Judicial nos enfrentamos con una conducta agrícola tercermundista. ¿Es esto admisible? ¿No estamos en Europa?

Como miembros del cuerpo social al que pertenecemos, nos ofrecemos al estudio y al diálogo para buscar solución a un problema que vivimos a diario.