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Editorial:

Pactar sin violencia

LA INSTALACIÓN de vertederos para residuos industriales, habitualmente en comarcas agrícolas, es uno de los elementos más espectaculares de la contradicción entre las necesidades de crecimiento económico y la obligada defensa del entorno natural. En escasos días, la vieja oposición entre ciudad y campo se ha expresado con peculiar virulencia, principalmente en Cataluña, donde la expansión de la ciudad adquiere desde las comarcas agrícolas especiales tonos de agresión: nuevas autopistas, proyectos hidrológicos o política agraria comunitaria han llevado a los agricultores a enfrentarse, en ocasiones violentamente, con las fuerzas del orden, y a la ocupación, en los fines de semana, de las autopistas.En la cuestión de los vertederos, quizá como en todos los otros casos, la existencia de una fuerte oposición no debe ocultar el hecho de que los actuales planes son fruto de la pereza oficial, tan proclive a decisiones tardías. Aparentemente, todo el mundo está de acuerdo en que de los más de dos millones de toneladas de residuos tóxicos que se generan anualmente en España, según estimaciones oficiales, una buena parte escapa al más mínimo control. La cifra es probablemente inferior a la real si se tiene en cuenta que sólo un 60% de las industrias declaran qué tipo y qué Cantidad de residuos producen. El reciente anuncio del ministro de Obras Públicas y Urbanismo de una mayor severidad en las sanciones a aquellas empresas que vulneren la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos era, desde hace demasiado tiempo, un paso necesario. La Administración sólo estará legitimada para imponer un vertedero a una población si demuestra que no existe la mínima tolerancia con los productores de estos residuos. Pero el problema no se resuelve únicamente con medidas administrativas. Hasta ahora, ha habido empresas que por motivos de rentabilidad han preferido pagar multas que instalar los mecanismos para controlar la contaminación que ellas mismas generan. La apertura de procesos por delitos ecológicos abre una vía de castigo penal importante para aquellos que cargan íntegramente a la sociedad el coste de deshacerse, o padecer, sus escombros industriales.

El incremento de estas medidas punitivas se produce en un momento de conflictos en Cataluña y en Navarra con proyectos de asentamientos de vertederos. En el caso del plan elaborado por la Generalitat de Cataluña, los vecinos de las comarcas en las que el Gobierno catalán propone instalar los vertederos han declarado la guerra al plan con el argumento de que deberían colocarse en las proximidades de los centros de producción de residuos. La razón que podría asistir a esta queja no es tanto el comprensible lamento por esta fatal lotería -en las poblaciones donde se instala un vertedero baja el turismo residencial, si lo hay-, sino que los argumentos técnicos de la elección no fueran eso, técnicos, o resultaran insolventes. Si se llegara a la conclusión de que la elección es impecable, sólo les quedaría la razonable protesta basada en que la Generalitat prácticamente se haya acordado de que existen para ponerles el vertedero y no a la hora de mejorar los servicios ciudadanos.

Con todo, a la comprensible oposición popular no se puede responder con la simple represión policial. En este sentido, es desproporcionado el violento trato dispensado por las fuerzas de orden público a los vecinos del valle navarro de Aranguren, que tratan de impedir la construcción de un vertedero. Si se pretende hacer comprender a la población la necesidad de unas instalaciones que son vistas como peligrosas, la pedagogía del porrazo no es la fórmula más adecuada. Y ahí se produce otro problema, porque esta pedagogía es difficil para los partidos. En la sociedad española está viva una serie de conflictos que apenas tienen abrigo político. Los socialistas, por ejemplo, deben calcular hasta dónde pueden disfrutar el desgaste convergente en el asunto de los vertederos catalanes, porque son los socialistas los que apoyan la instalación de Aranguren. Y quienes no tienen tantos compromisos institucionales no pueden predicar contra un vertedero sin asumir que hay que ponerlo en otro sitio. Porque ponerlos, hay que ponerlos. Lo difícil es decidir con carácter estrictamente técnico dónde. Y compensar adecuadamente a las poblaciones afectadas. Y pactar así, con esos ciudadanos, sin desprecios ni violencias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de mayo de 1990