Huelga general en el valle de Aranguren en Protesta por la actuación de la Guardia Civil

El valle de Aranguren, próximo a Pamplona, vivió ayer una jornada de huelga general en protesta por la violenta carga de la Guardia Civil sufrida el lunes por un centenar de vecinos cuando se oponían a la entrada de las máquinas que deben construir un centro de tratamiento de basuras en ese lugar. Según el alcalde del valle, José Antonio Villamayor, la huelga fue seguida por el ciento por ciento de las industrias y trabajadores del lugar, concentrados en torno al polígono industrial de la localidad de Utilva Baja. El colegio comarcal tampoco dio clases y los vecinos no acudieron a sus tareas agrícolas.

La oposición popular al centro de tratamiento de basuras ha conseguido paralizar de momento la entrada de la maquinaria pesada de la empresa Agromán que debería estar realizando movimientos de tierra en el término municipal de Góngora desde el pasado lunes. Ayer no se registraron incidentes y las dos carreteras que dan acceso al valle se encontraban cortadas con numerosas barricadas compuestas por tractores, vehículos particulares, materiales de obra y pacas de paja.Según el presidente de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, el socialista Carlos Bea, los trabajos preliminares de construcción del centro se están llevando a cabo. Los vecinos reconocieron que varias decenas de vehículos todo terreno pertenecientes a la Guardia Civil trasladaron a través de caminos vecinales y piezas sembradas a técnicos en topografía que realizaron algunas mediciones en el lugar en el que se ubicará el centro, que tiene un presupuesto de construcción de más de 600 millones de pesetas. Debido a ello, piquetes vecinales se dedicaron durante el día de ayer a cortar los caminos para impedirles su labor.

Ocho heridos

La asamblea de vecinos de Aranguren decidió continuar las movilizaciones y condenó la carga de la Guardia Civil que produjo ocho heridos, uno de ellos de gravedad con posible pérdida de un ojo. Asimismo, algunos partidos políticos como Herri Batasuna o Izquierda Unida, pese a apoyar el proyecto, condenaron tajantemente la acción de la Guardia Civil. También Euskadiko Ezkerra y el sindicato CC OO exigieron ayer la depuración de responsabilidades por la intervención policial, mientras el arzobispo de Pamplona, José María Cirarda, hizo una llamada al diálogo entre las partes.La mancomunidad de la comarca, organismo público impulsor del proyecto, insistió a través de un comunicado en que "la provocación y la violencia no van a paralizar unas obras ya iniciadas" y reiteró que la oposición de unos vecinos que defienden intereses particulares no puede anteponerse al interés común. Para este organismo, presidido por el concejal de Pamplona Carlos Bea, que se ha convertido en la auténtica bestia negra para los vecinos afectados, la ubicación del centro de tratamiento resulta idónea, presenta escasas afecciones y es además producto ¿le una decisión democráticarnente apoyada por todo el espectro político parlamentario, desde la derecha y los socialistas hasta Herri Batasuna.

Incomprensible

Las cinco personas detenidas el lunes fueron trasladadas hasta la localidad de Aoiz, donde quedaron en libertad provisional tras prestar declaración ante el juez de aquella localidad. Juan Manuel Sarasíbar, uno de los detenidos y secretario del concejo de Mutilva, señaló ayer ante una asamblea de vecinos que considera "incomprensible" que se adopte la decisión de construir un vertedero de basuras "a tres kilómetros escasos en línea recta de los solares donde se está levantando la universidad pública de Navarra y a otros tantos del proyecto público de urbanización de Mendillorri", en las afueras de la capital, y el mayor complejo de viviendas de Navarra impulsado por el Gobierno socialista.Jesús Equiza, párroco de Labiano, recordó ante cientos de vecinos que "mientras Urralburu pide a otros [por la coordinadora antiautovía] que respeten las decisiones de la CE, su Gobierno y los demás partidos quieren construir el vertedero sin esperar a las resoluciones oficiales que hemos planteado ante la CE, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra".