Un embrollo maldito

El antropólogo Jürgen Golte, del Instituto de Estudios Peruanos, afirmaba no hace mucho tiempo en el semanario Caretas que el narcotráfico es un problema de doble faz, porque "... si suponemos que se encontrará un sustituto perfecto de la cocaína, ésa sí sería la débâcle definitiva de Perú, porque casi la mitad de la economía del país se basa en el narcotráfico...". Afirmaciones de este calibre, que podrían sorprender a cualquier peruano medianamente bien enterado de lo que está ocurriendo en su país, parecen desgraciadamente confirmarse a la luz de un informe especial sobre la confusa guerra de la droga" publicado en el último número de la revista Quehacer.Según ese informe, muchas cosas cambiarán en Perú tras la ofensiva lanzada por el Gobierno de Colombia contra los cárteles de Cali y Medellín a raíz del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, El conjunto de medidas tomadas entonces por el presidente Virgilio Barco, como la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los narcotraficantes (entre los que se cuentan cerca de 400 avionetas destinadas a llevar pasta básica de cocaína del alto Huallaga peruano a los centros de procesamiento colombianos), obligará pronto a los peruanos a tomar conciencia de que la guerra que ha empezado en Colombia llegará tarde o temprano a Perú. Así lo piensan al menos los servicios de espionaje peruanos y la Agencia Norteamericana de Lucha contra el Narcotráfico (DEA). Para ambos, si la situación continúa como hasta ahora, los laboratorios de cocaína podrían ser trasladados a territorio peruano, más concretamente a la región amazónica.

"Para que ello ocurra y la mafia pueda pensar en el traslado", afirma Raúl González en Quehacer, "sólo se tendrían que solucionar dos problemas: insumos y transporte. El primero es fácil de resolver: la acetona y el éter que se requieren para refinar la cocaína pueden ser importados de manera legal, pues son insumos para la industria farmacéutica y para la de pintura y plásticos, o, en su defecto, introducidos clandestinamente por la frontera con Brasil o con Colombia; y los hornos, necesarios para la calefacción, construidos en el mismo país. Y el segundo sólo requiere de un dispositivo que autorice la libre importación de avionetas, decisión que ya habría sido tomada por el Gobierno peruano".

Concluye en seguida el comentarista de Quehacer: "Todo parece indicar, entonces, que Perú deberá agregarles a los problemas que ya tiene como país productor de coca aquellos que le endosan las mafias de un país cuando se instalan en él (corrupción, violencia, desestabilización del sistema político y jurídico, etcétera). Si ello ocurriera, se produciría lo mismo que cuando se quiere apagar. el fuego con gasolina. Las razones: la economía peruana (no el Gobierno) comienza peligrosamente a depender del dólar que proviene del dólar paralelo, que no es otro que el dólar del narcotráfico, y la alicaída economía peruana necesita de una buena inyección de divisas que bien podrían ofrecerla las mafias del narcotráfico".

Y por supuesto, el problema del narcotráfico en Perú es ya prácticamente el mismo que el de Colombia. Por ejemplo, hasta antes de la guerra frontal iniciada por el Gobierno colombiano contra los cárteles de Medellín y Cáli, con la consiguiente expropiación de aeronaves, el precio de un. kilo de pasta básica de cocaína fluctuaba, según la temporada y el monto de la producción, entre los 1.200 y los 1.800 dólares. Iniciada la guerra a los narcos en Colombia y cerrada la frontera peruana, la cotización del kilo de PBC bajó hasta cifras incluso inferiores a los 500 dólares en la zona del Huallaga central.

Mientras tanto, en EE UU ocurría exactamente lo contrario: el kilo de cocaína, que costaba entre 9.000 y 11.000 dólares, pasó a costar hasta 30.000 dólares, de acuerdo con las más estrictas leyes de la oferta y la demanda. La cocaína, en efecto, se ha vuelto un producto escaso en Estados Unidos, mientras que en el alto Huallaga se almacena en espera de tiempos mejores.

Pero la Amazonia peruana, que hasta ahora parecía haber sido olvidada tan sólo por el Estado peruano, hoy parece serlo también por la Divina Providencia. E ingresa en ella, como si sus males fueran ya pocos, el terrorismo de Sendero Luminoso, que en poco tiempo (con la inefable excusa, entre otras, de que con ello contribuye a la destrucción del imperialismo yanqui por envenenamiento) se convierte en defensor absoluto de los peones cocaleros y establece una serie de tenebrosos acuerdos con los narcotraficantes, que van desde la protección, a cambio de armamento o del dinero para adquirirlo, hasta periódicas actuaciones conjuntas que desconciertan totalmente a un Estado peruano que apenas se asoma por la región y que insiste en combatir a Sendero Luminoso únicamente con el Ejército y al narcotráfico únicamente con la policía.

Y como tantas veces antes, el gran error parece venir de EE UU, que, según el estudioso colombiano Francisco Leal, juzgó equivocadamente que el problema estaba en la producción, mas no en la demanda. Además, señala el mismo Leal, en EE UU no existe ni siquiera una política oficial frente al problema del narcotráfico: "Porque yo creo que no hay una unidad de tratamiento del problema por parte de EE UU: el Departamento de Estado, por un lado; el Departamento de Defensa, por otro; la DEA, por otro". Esto, a pesar de que el presidente Bush ha llegado a considerar que las consecuencias del consumo de drogas en su país han alcanzado la gravedad de una epidemia, atentando así contra el derecho de todos los norteamericanos a vivir en una sociedad sin drogas.

Pero el problema va aún más allá de lo que el presidente Alan García llamó "una multinacional andina", ya que ha pasado de Colombia, Perú y Bolivia a Ecuador, y día a día va extendiendo sus tentáculos por encima de muchas fronteras latinoamericanas para encontrar su puerto más importante de desembarco en EE UU. El conflicto es, pues, internacional, y puede llegar a convertirse en una guerra de baja intensidad de la que Perú obviamente no podrá librarse, en opinión del colombiano Francisco Leal y de la periodista norteamericana Corinne Schmidt: "Dado el tradicional desdén de las fuerzas armadas [de Perú] por el tema, ¿por qué EE UU se interesa tanto en verlas involucradas? Pues para algunos, la lucha contra el narcotráfico es una especie de conflicto de baja intensidad que exige un enfoque no sólo represivo, sino militar, lo que explica por qué el Pentágono ha enviado a miembros de las fuerzas especiales para entrenar a la policía peruana...".

Y es que, a nivel internacional, EE UU continúa ignorando la estrecha relación entre narcotráfico y pobreza. Los acuerdos que llevaron a la caída del precio del café en Colombia, con nefastas consecuencias para este país, en Bolivia llevaron al propio embajador norteamericano a declarar que "no es ninguna coincidencia en este país que el cultivo de la coca aumentó mientras la economía entraba en crisis", agregando que el 20% de los mineros despedidos por el Gobiernó en 1985 se habían convertido en los años siguientes en peones cocaleros. Así, la oferta de cocaína en EE UU es 10 veces mayor que hace 10 años, mientras que el cultivo de la coca ha crecido en un 10% durante la década de los ochenta.

Pero el nuevo plan Francis Bennet, que lleva el nombre del "enemigo número uno del narcotráfico en EE UU", no aporta ningún cambio importante, y más bien permite entrever que entre las diversas posiciones que enfrentan a instituciones de su país tal vez la de la DEA sea en la actualidad la que se está privilegiando, a pesar de que no trae consigo grandes cambios en ningún plazo. Se detiene la erradicación y se privilegia la interdicción, pero no se toca ni mínimamente la relación producción de coca / pobreza. Y en el caso peruano, cada día es más difícil distinguir entre traficantes y terroristas.

Estamos, pues, ante un embrollo maldito que no empezó ayer. Por el lado de la demanda, una encuesta reveló que el 91 % de la población norteamericana calificó de crítico el abuso de drogas en el país, sin que, como señala Corinne Schmidt, "el Gobierno de EE UU esté dispuesto a pagar unos centavos más por una taza de café colombiano".

Por el lado de la oferta, el Gobierno de Colombia recibe, con bombo y platillo que resuenan en el mundo entero, una ayuda de 78 millones de dólares para su guerra frontal contra el narcotráfico, pero sólo dos atentados de la mafia le cuestan esa misma suma de dinero. Y nadie se moja enteramente en la causa del Gobierno, porque la sociedad entera está, sabe Dios cómo, por qué y hasta qué punto, mojada en los negocios de la coca o en sus consecuencias, aunque sea sin darse cuenta. Y Perú es una ampliación muy previsible de lo que ocurre en Colombia.