España se opone a la libre circulación de obras de arte en la CE

España se opone al proyecto de libre circulación de obras de arte dentro de la CE que intenta imponer la Comisión Europea. "Significará un expolio para nuestro patrimonio histórico-artístico", declaró el ministro de Cultura, Jorge Semprún, quien en los próximos días 19 y 20 de marzo visitará Bruselas para entrevistarse con varios comisarios. El objetivo del Gobierno español es obtener garantías para impedir la salida al exterior de obras de arte y mantener el control nacional vigente, a través de la autorización previa obligatoria, para cualquier venta al extranjero.La Comisión Europea pretende aplicar la lógica del mercado único sin barreras al arte. De acuerdo a la propuesta, las actuales restricciones para proteger el patrimonio histórico-artístico deberán desaparecer para todas aquellas obras valoradas en menos de 3,7 o 7,5 millones de pesetas (el baremo final está por definir). Para las fotografías, la Comisión plantea un límite de cuatro millones de pesetas.

Esos topes, según fuentes españolas, dejan desamparada la mayor parte de los bienes artísticos, dado que en nuestro país "es difícil un mueble, libro o documento con una cotización que supere esas el

Otro de los criterios protestados es el del paso del tiempo para "el reconocimiento internacional de una obra de arte". La Comisión quiere negar esta categoría a las obras de pintores vivos o de los que lleven menos de 50 años muertos. Dentro de estos baremos liberalizadores, la Comisión pretende acabar con las autorizaciones previas para la exportación vigentes en la mayoría de los países. En España, la ley de Patrimonio Nacional, aunque concedió la amnistía fiscal, es muy restrictiva en este aspecto.

Este conflicto cultural reproduce el enfrentamiento de intereses entre el norte y el sur de la CE. Además, el libre tráfico interno carece de la garantía de un control suficiente para evitar la exportación de obras de arte fuera de la Comunidad desde los países con normas más liberales. El convenio de la Unesco de 1970 sólo está ratificado por España, Grecia, Italia y Portugal. El más reciente del Consejo de Europa, que obliga a la ejecución de sentencias judiciales, no está asumido por los países del norte de la Comunidad ni tampoco por España.

"Este es un tema mayor para los intereses españoles", manifestó el embajador adjunto ante la CE, Javier Elorza. España se encuentra respaldada en su postura por Italia, Grecia, Portugal y Francia, mientras la RFA, el Reino Unido, Bélgica, Holanda y Luxemburgo apoyan a la Comisión en su política favorable a los deseos de los marchantes de arte. "El Ejecutivo comunitario, como se dice en el argot, va de pesca", añade Elorza. Aparte de no tener competencias, desde 1957 a 1989 la CE no se había planteado nada en este terreno". El controvertido proyecto liberalizador surgió el pasado 30 de noviembre con la propuesta presentada por el comisario Jean Dondelinger, responsable de la política cultural comunitaria. Posteriormente, en diciembre, el vicepresidente Martin Bangemann añadió leña al fuego al amenazar a los Estados miembros con acudir al tribunal de justicia de la CE sobre la interpretación del artículo 36 del tratado.

El principio de libre circulación se encuentra aquí sometido a la excepción nacional en materia de orden público y defensa del patrimonio histórico, artístico y arqueológico. El Acta Única, que reformó los tratados de la Comunidad para crear el mercado único, reconoce también un trato excepcional vinculado a la soberanía nacional del tráfico de obras de arte, al igual que las medidas de lucha contra la droga, criminalidad e inmigración clandestina.