El Grupo Popular considera "inaceptable" la LOSE, y la Generalitat estudia su constitucionalidad

El Grupo Parlamentario Popular, que ya anticipó su opinión desfavorable tras conocer el resumen del anteproyecto presentado el pasado lunes por el ministro de Educación ante el Consejo Escolar del Estado y los medios de comunicación, reiteró ayer su postura abiertamente crítica.Su portavoz, Enrique Fernández-Miranda calificó el anteproyecto como "inaceptable, tal y como está". "Tendríamos que presentar un texto alternativo o una serie de enmiendas parciales", aseguró.

Las modificaciones que el PP introduciría se referirían, entre otros apartados, a un tema que . preocupa tremendamente" al partido conservador, que es asegurar la gratuidad de la enseñanza preescolar, entre los cuatro y los seis años, que en el anteproyecto "no queda claramente establecida". "Nos parece un disparate reducir el bachillerato a dos años y nos preocupa por la capacidad de los futuros profesionales". El segundo nivel de la Formación Profesional "sigue planteándose de forma cerrada y estanca y a donde van a parar los malos estudiantes que después no podrían acceder al tercer nivel".

"De la financiación ni se habla y sería deseable una ley de financiación en que se cuantificase el coste de la reforma", opina. El diputado conservador se muestra pesimista sobre una posible negociación del anteproyecto, " una reforma planteada por el Gobierno y por su partido".

Discriminación

Baltasar Garzón, miembro de la comisión de educación de Izquierda Unida rehusó hacer comentarios sobre el anteproyecto, ya que no había tenido acceso al mismo. Con ocasión de una reciente comparecencia del ministro Javier Solana ante la Comisión de Educación del Congreso, el portavoz en la misma de IU, Manuel García Fonseca, expresó la opinión de este grupo favorable a que la financiación de la LOSE se regulara por ley, además de considerar insuficiente el cálculo presupuestario del Gobierno, alrededor de un billón de pesetas.

Manuel Barahona, secretario general adjunto de la Federación Estatal de Religiosos de la Enseñanza (FERE) cree que el anteproyecto, debatido ayer por esta organización "no asegura la no discriminación de la educación infantil, ni la gratuidad de la enseñanza", ya que, "no parece que todos los centros que reúnan los requisitos de la concertación en la enseñanza secundaria obligatoria puedan tenerla".

Por otro lado, Barahona cree que en el anteproyecto del Gobierno el tratamiento de la enseñanza religiosa "no es el adecuado". "No se habla tampoco de las ayudas a los centros para las transformaciones que necesitan realizar con el fin de acomodarse a la ley, ni se habla del tercer ciclo en la formación profesional", afirma. José Sánchez Ramos, vicepresidente de la Confederación Estatal (le Centros de Enseñanza (CECE), pese a que no ha leído el texto íntegro del anteproyecto, considera que "hay una cantidad de flequillos importantes que hay que matizar". "El resto no constituye una novedad sobre el Libro Blanco", añadió. El departamento de Enseñanza de la Generalitat ha solicitado a sus asesores legales que elaboren un informe jurídico para determinar si el anteproyecto de Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) entra en colisión con las competencias plenas que en materia educativa posee esta Comunidad Autónoma.

Portavoces del departamento de Enseñanza evitaron ayer desvelar cuáles habían sido los aspectos del anteproyecto que habían impulsado la petición del informe jurídico y se reservaron su opinión sobre la LOSE hasta tanto no conozcan el resultado definitivo del estudio. Sin embargo, insinuaron. que el Estado podría haber desarrollado en la norma aspectos que son sólo de competencia directa de la Generalitat.

Las mismas fuentes justificaron su actitud ante el hecho de que todavía desconocían si la LOSE será una ley orgánica y, por tanto, una norma de rango superior, que afecte a las Comunidades Autónomas o si, por el contrario, solo tendrán la categoría de orgánicos artículos puntuales de la ley.