Las comunidades autónomas buscan el consenso sobre la refórma del Fondo Interterritorial

Las comunidades autónomas han iniciado conversaciones bilaterales para llegar a un acuerdo sobre la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, amenazó el pasado lunes con enviar al Parlamento un proyecto de ley según sus propios criterios si no se alcanza de inmediato un acuerdo de consenso sobre la reforma del fondo, cuya dotación depende de los Presupuestos Generales del Estado, que en estos días está ultimando el Gobierno.

El consejero de Economía y Hacienda de Andalucía, Ángel Ojeda, en representación de las comunidades más pobres, ha tenido diversos contactos con los responsables económicos del País Vasco y Cataluña. El responsable de las finanzas andaluzas se entrevistó el pasado viernes en Barcelona con el secretario general del Departamento de Economía de la Generalitat, Alfonso Ortuño, en ausencia del conseller Macià Alavedra, que se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos.Ojeda mostró a este diario su confianza en el inmediato logro de una fórmula de consenso, y afirmó que -a tenor de lo negociado por él mismo estos últimos días- tanto el País Vasco como Cataluña estarían en disposición de aceptar una fórmula que les asegure en 1990 un crecimiento de su dotación del fondo de entre el 8% y el 10% respecto a 1989, en lugar del 15%, que obtendrían si se aplicaran los pactos alcanzados este verano en La Toja.

En La Teja, el secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, propuso a los 17 consejeros de Economía de las comunidades tres posibilidades para corregir el "efecto perverso" de la variable migratoria en el reparto del FCI, cuya incidencia había favorecido a las comunidades con más emigración en los últimos años (Cataluña y el País Vasco), en perjuicio de las que más se han poblado: Andalucía y Extremadura.

Distintas opciones

Las alternativas eran: dejar el FCI tal como está, pero modificarlo aprovechando la negociación sobre el modelo de financiación autonómica, que se iniciará este otoño y debe aplicarse en 1992; introducir sólo algunas variaciones para corregir el excesivo peso de la variable migratoria; afrontar de inmediato una profunda modificación del FCI, de forma que las comunidades ricas no rebajaran su actual asignación neta pero las pobres aumentaran su presencia porcentual en el conjunto del fondo. Esta última fue la flármula aceptada por todas las comunidades, ya que garantizaba a todas ellas un aumento porcentual igual al que registrara la inversión civil nueva del Estado en 1990, que se situará en torno al 15%.El pasado 15 de enero, en El Paular (Rascafría, Madrid), se rompió el consenso. Andaluces y extremeños solicitaron entonces que el nuevo reparto se realizara no sobre las asignaciones del FCI de 1989, sino a partir de una media de los últimos años. A esto se opusieron vascos y catalanes, al ser bastante inferior para estas dos comunidades la cifra de partida sobre la que se aplicaría el mencionado aumento del 15%. En concreto, Cataluña ingresaría unos 4.000 millones menos con esta nueva fórmula.

La Generalitat argumenta que el FCI "no es un fondo destinado únicamente a corregir desequilibrios, sino a financiar inversión nueva, al menos hasta que se reforme el modelo de financiación autonómica". "La solidaridad entre comunidades", opina el Gobierno catalán, "no se reduce al FCI. Se ha de contemplar desde todo el sistema y tener en cuenta los recursos que Cataluña aporta a los Presupuestos Generales del Estado".

Éste no es el único obstáculo en la reforma del FCI. Asturias y Valencia exigen englobarse en el grupo de comunidades pobres, argumentando que deberían aplicarse los criterios de la Comunidad Europea en el reparto de los fondos de ayuda comunitaria, de los que ambas comunidades se benefician en calidad de regiones menos desarrolladas. Sin embargo, Hacienda divide el fondo entre comunidades ricas o pobres según tengan una renta per cápita superior o inferior a la media nacional de los años 1982 a 1986.

En opinión del consejero de Economía asturiano, Vicente Sánchez, "es sangrante que Asturias no esté incluida entre las comunidades pobres, porque la evolución de nuestra economía ha sido descendente en los últimos años. Si se aplicaran las estadísticas entre 1984 y 1988, calculo que Asturias estaría por debajo de la media nacional".