Tres médicos del Insalud comparecen hoy ante la Audiencia de Pamplona por realizar un aborto legal

Tres médicos de Pamplona comparecerán hoy ante la Audiencia de Pamplona para ser juzgados por practicar un aborto legal en febrero de 1986. El hecho de que sea la primera vez que médicos de la sanidad pública son juzgados por esta causa ha levantado expectación y ha hecho proliferar las reacciones. Un comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de apoyo a los tres facultativos, a los que no nombra, afirma que las legislaciones restrictivas de¡ aborto van "contra la salud de las madres, los niños y el bienestar afectivo de la familia". Un cuarto médico va a juicio hoy en Málaga por el mismo motivo.

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Las paredes del centro de la capital navarra están sembradas de carteles a favor y en contra del aborto. En la Facultad de Derecho de la universidad de Navarra, del Opus Dei, también hay carteles en contra del aborto. "Juicio por aborto en Pamplona' No podrá asistir la víctima". Estudiantes de esta facultad fueron convocados ayer en las aulas por los Comités Pro Vida para acudir a una concentración a las nueve de la mañana de hoy ante la Audiencia. Allí se encontrarán, previsiblemente, con grupos de feministas venidas de distintos puntos de España que pretenden hacer lo mismo.El comunicado de la OMS fue remitido por el director del programa materno-infantil de esta organización, Marsden Wagner, a María José Varela, abogada de uno de los procesados, la ginecóloga Mar¡ Cruz Landa. El escrito, que no trata el caso concreto de Pamplona, subraya que el aborto ilegal induce "innecesariamente al peligro para la mujer". "Restringir los abortos es una política antinatalista porque deja morir a las mujeres", añade el texto, "reduce el número de mujeres en edad fértil", y hace que tengan que buscar otras vías para abortar, siempre más peligrosas.

Los tres médicos procesados, Pablo Sánchez-Valverde, Elisa Sesma y Mari Cruz Landa, han recibido muestras de adhesión de un grupo de diputadas del Parlamento Europeo, que condenan el proceso judicial en el que se ven envueltos. En días precedentes, la solidaridad vino de asociaciones sanitarias y jurídicas, de mujeres y de planificación familiar, así como del Instituto de la Mujer, que denunció presiones de grupos contrarios al aborto e intentos de obstaculizar la aplicación de la despenalización de 1985.

Los facultativos se sentarán en el banquillo por un aborto practicado el 21 de febrero de 1986 en la residencia Virgen del Camino, de Pamplona, dependiente del Insalud. Los procesados consideraron que el caso de Silvia Cuevas, de 19 años, se encontraba dentro de uno de los tres supuestos amparados por la ley española en materia de aborto: el de riesgo de malformación en el feto. La joven había sido sometida a 12 sesiones de radioterapia por una dolencia renal, sin saber que estaba embarazada, lo que suponía un riesgo elevado para el desarrollo del feto.

Los hechos no constituyen delito, en opinión del fiscal, que pidió el sobreseimiento de la causa. Por el contrario, Acción Familiar, denunció a los facultativos y, como acusación particular, pide al tribunal 12 años de prisión para cada uno de ellos.

El abogado Ramón Mendiburu, portavoz de Acción Familiar, señaló ayer que desde la presentación de la querella inicial han estimado que las radiaciones recibidas por la joven no fueron suficientes como para presumir la provocación de graves malformaciones en el feto.

El juicio contará con la presencia de la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Martínez Ten, y de la abogada y diputada Cristina Almeida, que acuden a la vista para mostrar su apoyo a los procesados.

Peritos

Algunos de los peritos que testificarán en la vista citados por Acción Familiar están vinculados al Opus Dei y al sector más conservador del colectivo médico. Guillermo López García, ginecólogo de la Clínica Universitaria de Pamplona, es uno de ellos. Del mismo centro han sido reclamados como peritos los médicos Fernando de la Fuente y Felipe Ángel Calvo. Además de los facultativos citados, Acción Familiar lleva en calidad de peritos a otros 10 médicos.

En total, son más de 30 los peritos nacionales e internacionales especialistas en radiología, ginecología, radiodiagnóstico y radioprotección, que se darán cita a partir de mañana en Pamplona, llamados por la acusación particular y la defensa, informa Mikei Muez.

La sección primera de la Audiencia Provincial será quien dictará sentencia. El tribunal estará formado por el juez José María Irigaray Undiano, y por los magistrados Esther Erice y Estanislao Ruiz Zavala, magistrado jubilado y suplente de la Audiencia, al haberse inhibido el juez Fermín Zubiri Oteiza alegando una razón formal. Juan José García Pérez, no podrá emitir sentencia al haber instruido el caso.

Por otra parte, el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría será juzgado hoy por la Sala segunda de la Audiencia de Málaga por un presunto delito de aborto cometido en el año 1986, informa Elena B. Castilla. El fiscal pide para él cinco años de prisión y seis de inhabilitación, y otros dos años para Josefa Lara, de 24 años, a quien supuestamente se practicó el aborto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 23 de enero de 1990.

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