Máquinas dignas de toda sospecha

Euskadi es la única comunidad autónoma que no facilita datos estadísticos a la Comisión Nacional del Juego. La casilla correspondiente aparece siempre vacía. Un informe depositado ante el Parlamento vasco para justificar la creación de una comisión investigadora sostiene que ese comportamiento no es casual y trata de ocultar un fraude de grandes proporciones promovido desde el Gobierno vasco.

Seis mil permisos de explotación de máquinas tragaperras, según el informe, han sido concedidos en contra de la ley. El trabajo, elaborado por el parlamentario Juan Porres, profesor de Derecho Administrativo en la universidad de Deusto y portavoz de Eusko Alkartasuna (EA), analiza la actuación legislativa y normativa de la Consejería de Interior."El anterior titular del departamento, Luis María Retolaza, ha mentido al Parlamento, no sé si porque otros le han engañado", resume Porres sus conclusiones, "y la Administración vasca ha diseñado el sistema para alentar el fraude y el mercado negro".

Según el trabajo parlamentario de EA, exigido por el reglamento de la Cámara para poder solicitar una comisión de investigación, existen en la comunidad autónoma unos 6.000 permisos de explotación de tragaperras otorgados de forma ilegal. El valor de mercado de estos permisos se eleva a 3.600 millones de pesetas "en base a una estimación moderada de 600.000 pesetas por unidad", explica Porres. El alcance del fraude es mucho mayor, añade, "si se consideran los beneficios obtenidos" durante años por las máquinas".

Concesión de permisos

La concesión de permisos para explotar máquinas con premio en establecimientos de hostelería se reguló en el País Vasco en julio de 1985. Un decreto destinado según su preámbulo a reducir el parque condicionaba la concesión de la licencia provisional al pago de la tasa fiscal de 1984 con anterioridad a la entrada en vigor del texto legal. Continuaban vigentes los permísos definitivos otorgados con anterioridad por el Gobierno central.

La tasa correspondiente a 1984 fue abonada por no más de 11.500 máquinas, según datos de las diputaciones forales, responsables del cobro. En esa cifra están comprendidas las 3.363 licencias definitivas y las máquinas instaladas en bingos y salones recreativos, al margen de la regulación autonómica. Existían en Euskadi por tanto, aproximadamente, 8.000 máquinas sin permiso de explotación pero al corriente del pago de la tasa fiscal. Ése es también el número máximo de permisos que el Gobierno vasco podía conceder, según el decreto. Aquella norma burlaba la legislación estatal, según Porres. La instalación de tragaperras fuera de casinos, bingos, barcos autorizados y salones recreativos quedó prohibida en España desde el 9 de mayo de 1982, aunque se respetaban los permisos ya vigentes. Tres años después, el Gobierno vasco iniciaba la concesión de miles de nuevos permisos con la única condición de haber pagado la tasa fiscal. "Pero lo más grave", argumenta Porres, "es que luego también ese decreto se ha burlado".

En vez de las 8.000 tragaperras que podían legalizarse, el Gobierno autónomo ha concedido 12.621 permisos provisionales, aunque el parque ha crecido además en otras 1.500 máquinas. El primer dato, clave para entender lo sucedido, lo ofrece el parlamentario de EA en su informe pero ha sido confirmado por la Consejería de Interior en la única nota oficial difundida sobre el asunto.

La nota no ofrece explicaciones sobre el fondo de la cuestión ni aclara las acusaciones. Afirma, en cambio, que la situación ha mejorado porque antes había 30.000 máquinas ilegales.

Porres cree que el fraude fue calculado desde el principio y que por ese motivo Retolaza no dijo la verdad ante el Parlamento en diciembre de 1985. El entonces consejero de Interior, una de los figuras más influyentes del Partido Nacionalista Vasco, encausado ya por la Audiencia de Guipúzcoa por las escuchas ilegales a Carlos Garaikoetxea, contestaba a la interpelación de un diputado socialista sobre el número de máquinas que cotizaban a las Haciend as forales pero carecían de permiso.

El dato es decisivo para conocer las posibilidades de aplicación del decreto de julio anterior. Sin embargo, Retolaza dio a la Cámara dos cifras distintas Según una, habría 18.000 má quinas ¡legales pagando tasas Según otra, 19.000 sólo en hos telería. En las diputaciones sólo constan unas 11.500, incluidas las legalizadas. "Se ofreció una información que no era cierta a sabiendas, quién sabe si para preparar lo que vendría después", asegura Porres.