Anular licencias

El celo en el control de las tragaperras no parece contarse entre las virtudes de la Consejería vasca de Interior y de su Dirección de Juego, cuyo titular es el, abogado José Joaquín Portuondo. La comprobación del abono de la tasa de 1984 se ha realizado sin recurrir al perceptor, las diputaciones. Sólo se exigía presentar la carta de pago. En el departamento no queda constancia documental. Al aceptar la presentación de cartas por personas distintas A su titular, cualquiera podía venderla a un tercero. La legislación estatal obliga en cambio, para evitar el mercado negro, a comunicar la transferencia. El incumplimiento equivale a la anulación de la licencia. La Consejería de Interior ha suprimido de las tarjetas de exhibición en cada máquina la numeración correlativa sobre el total de permisos concedidos. Como resultado, es imposible conocer el número de licencias otorgadas.Los empresarios del juego de Vizcaya denuncian el oscurantismo de la Administración autonómica. Anuncian también su intención de personarse como parte en la exigencia de responsabilidades si el fraude se confirma.

El sindicato independiente de la Ertzaintza (policía autónomica vasca) ERNE, ha pedido al fiscal una investigación de oficio de las posibles responsabilidades penales. El Gobierno vasco calla y confia en que la mayoría relativa del PNV y del PSOE pueda bloquear la comisión investigadora. Algo así ocurrió en torno a un escándalo anterior, el sistema de control partidista sobre el ingreso en la academia de la Ertzaintza.