La Administración y sectores sanitarios achacan a una campaña antiaborto el registro de la clínica Acuario

La orden del registro policial efectuado el lunes en la clínica Acuario de Valencia, legalizada para realizar intervenciones de embarazo, partió del Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Real. Al parecer, un hombre denunció a su compañera ante el citado juzgado por un supuesto delito de aborto en esta clínica valenciana. El registro se produce tres semanas después de que la clínica Ginetec, de Alicante, fuera sometida a otra inspección. La Administración y fuentes sanitarias y jurídicas de signo progresista temen que la acción policial responda a una campaña de sectores antiabortistas.

El hecho de que en apenas tres semanas se hayan producido dos registros policiales en clínicas acreditadas para realizar abortos en el País Valenciano, fue calificado ayer de "muy extraño" por diversos colectivos sanitarios y jurídicos progresistas. Según fuentes de la Administración sanitaria valenciana, las acciones pueden responder a una campaña de boicoteo contra estas clínicas, en las que se practican la mayoría de interrupciones, de embarazo, por parte de sectores antiabortistas".El pasado lunes, cuatro policías se presentaron en la clínica Acuario de Valencia, dirigida por el ginecólogo Pedro Enguix dos de ellos uniformados, y tras entregar la orden de registro a los responsables del centro, revisaron los archivos en los que figuran todas las historias clínicas de las pacientes.

La orden, en la que se estipula que la acción judicial se realizará "a la fuerza, de día o de noche", partió del Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Real, cuyo titular, Eduardo Pérez Ferrer, confirmó ayer este extremo y añadió que también ha dictado una orden de registro en una clínica madrileña de la que no quiso revelar el nombre.

Marisa Castro, portavoz de la clínica Dator de -Madrid informó que en la mañana del pasado viernes, día 8, dos agentes de paisano se presentaron con una orden de entrada y registro firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, informa Ana Alfageme. Los agentes informaron que la orden de registro la había solicitado un juez de Ciudad Real y que requerían la historia clínica de una mujer que había iniciado un proceso de divorcio y cuyo marido le denunció por aborto. El personal facilitó dicha historia a los agentes, que no procedieron a registrar las dependencias de la clínica.

Mujeres denunciadas

Según Castro, "es la primera vez que se recibe una orden de este tipo para requerir una historia clínica". Al menos una vez por semana se recibe una petición judicial para obtener la historia clínica de mujeres que han sido denunciadas "por sus maridos, novios, suegros, etcétera", por haber abortado, según esta portavoz, no así una orden de registro.Pérez Ferrer añadió que su obligación es realizar una investigación más amplia encaminada a determinar la legalidad o ilegalidad de las prácticas que en ellas se realizan.

Pese a que los policías judiciales que efectuaron el registro entregaron en la clínica Acuarío la orden judicial correspondiente, fuentes de la citada clínica señalaron ayer que no entendían porqué se habían revisado todas las historias y no se habían limitado a solicitar la que les interesaba. En la misma orden se cita el artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual, "al practicarse los registros deberán evitarse inspecciones inútiles y se respetarán los secretos si no interesaren a la instrucción".

En el momento del registro, numerosas mujeres esperaban su turno para la consulta, mientras otra estaba siendo sometida a una interrupción del embarazo. Los agentes policiales abandonaron el centro sanitario, del que no se llevaron nada. Ayer, la clínica Acuario funcionó con normalidad, si bien las mujeres que acudieron mostraron su preocupación por la presencia, el día anterior, de los policías. Organizaciones feministas preparaban ayer manifestaciones de protesta.

El director del Servel Valenciá de Salut (SVS), organismo autonómico que gestiona la sanidad, Luis Felipe Martínez, por su parte, se mostró ayer tajante ante un posible registro en un hospital público. "No permitiría nunca que la policía registrara un hospital y revisara todas las historias médicas", dijo. Martínez admitió, en cambio, que facilitaría un expediente en un caso concreto y ante un requerimiento judicial.

Todas las garantías

Sobre la situación de las clínicas privadas acreditadas, que atienden alrededor del 97% de los casos de aborto en el País Valenciano manifestó: "Los centros acreditados ofrecen todas las garantías necesarias para las mujeres que a ellos acuden". Cerca de 10.000 mujeres abortaron el pasado año en centros acreditados.Las diversas fuentes sanitarias consultadas coincidieron ayer en afirmar que la Administración sanitaria no es la responsable de estos controles. "A algunas mujeres se les ha reintegrado el dinero que han abonado por haber tenido que recurrir a una clínica privada ante la negativa de los facultativos del sistema público a realizar este tipo de intervenciones para interrumpir el embarazo", afirmó un portavoz de Sanidad. En Alicante, ningún médico de la sanidad pública practica abortos, según Sanidad. En Valencia, lo hacen sólo dos hospitales, La Fe y Arnau de Vilanova.

José Ramón Juániz, de Abogados Jóvenes de Valencia, cree que los hechos pueden suponer "una violación al derecho de la intimidad personal que reconoce la Constitución".