La fiscalía se querella contra seis empresas contaminantes de los ríos Besòs y Llobregat

La fiscalía ha presentado querellas contra seis empresas que efectúan vertidos contaminantes en las cuencas de los ríos Besòs y Llobregat, según anunciaron ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, y el fiscal especializado en estos temas José Joaquín Pérez de Gregorio. Se trata de la mayor acción contra el delito ecológico llevada a cabo en España.

Todas las empresas implicadas carecen de permisos administrativos para efectuar vertidos contaminantes y ninguna había instalado depuradoras adecuadas. Algunas ya habían sido sancionadas por la administración autonómica y requeridas para que presentaran planes correctivos. Las querellas, además, han sido presentadas después de que la Guardia Civil y técnicos de la Junta de Aguas de Barcelona efectuaran análisis de los vertidos y están avaladas por dos informes realizados a la luz de esos análisis: uno del Instituto de Toxicología y otro del departamento de Ecología de la universidad de Barcelona. En ellos se subraya que la vida ha desaparecido en los tramos finales de ambos ríos, que se han convertido en cloacas a cielo abierto a causa de numerosos vertidos.

Alta contaminación

Las dos industrias contaminantes del Besòs contra las que actúa la fiscalía son Urquima, de Sant Fost de Campcentelles, que vierte al río 2,6 veces más mercurio del permitido, y Rivière SA, de Cerdanyola, que lanza a la corriente del río Sec (un afluente) 4,19 veces más plomo del permitido y 35,5 veces más de zinc.Las cuatro de la cuenca del Llobregat son Stubsa, de Sampedor, que multiplica por 25,5 la cantidad máxima de cromo hexavalente en sus vertidos al Riudor; Galvanotecnia Sanfer, también de Sampedor, que multiplica por 9,3 la cantidad de cromo hexavalente y por 3 la de cianuro; Anódicos Martorell, que lanza a la riera Llops 26,8 veces más cianuro del permitido y 4,7 veces más de zinc; y la pequeña empresa pulidos Flanco Castro, que contamina el Cardoner con cantidades de cianuros, cromo hexavalente, zinc y níquel entre 7 y 8 veces por encima de las autorizadas

El fiscal Pérez de Gregorio precisó que la actuación de la fiscalía en este caso era de oficio, a raíz de un informe de la facultad de Química de la universidad de Barcelona, y anunció que se ha abierto diligencias previas a otras tres industrias. Rechazó la posibilidad de cierre preventivo de las empresas implicadas en la querella "porque los trabajadores no deben pagar por los incumplimientos de la ley".

Según la modificación del Código Penal de junio pasado, los responsables de las empresas contaminantes pueden sufrir penas de prisión menor (de seis meses y un día a seis años de cárcel) en el caso de que el tribunal apreciara alguna de las circunstancias agravantes previstas.

El mismo fiscal, sin embargo, había manifestado el jueves en unas jornadas sobre delito ecológico que dudaba que "algún juez vaya a enviar a la cárcel al gerente de una empresa contaminante dados los graves problemas de salud y hacinamiento de las prisiones", lo que no debía impedir actuar contra los infractores.