El juicio del 'caso del SIDA' de Bellvitge se centra en problemas burocráticos y no en los afectados

El juicio iniciado ayer en la Audiencia de Barcelona contra los procesados por las transfusiones de sangre con SIDA realizadas en el hospital de Bellvitge entre octubre de 1986 y febrero de 1987 se centró puramente en cuestiones de procedimiento administrativo del hospital, hasta el punto de que el resultado de la irregularidad dos parientes portadores del anticuerpo del virus del SIDA, apenas fue tratado. Tres de los doctores encausados sostuvieron que los responsables de la sanidad catalana sabían que el hospital no realizaba las pruebas para detectar el SIDA, incumpliendo una orden de la Generalitat, y el ex director del centro, el doctor Josep Maria Capdevila Mirabet, declinó cualquier responsabilidad en el citado incumplimiento.

En el juicio apenas se hizo referencia a los afectados por la actuación del hospital, portadores del virus y que viven en vilo al no saber si desarrollarán o no la enfermedad. De hecho, cuatro de los encausados se limitaron a hablar del proceso administrativo del hospital en la tramitación de un expediente que debía dar vía libre a la compra de los reactivos necesarios para realizar la prueba de detección del SIDA. El hecho es que ese expediente no se aprobó, los reactivos no fueron adquiridos, pese a que el centro tenía la obligación de realizar los tests, y dos pacientes tratados en Bellvitge que recibieron transfusiones de sangre son actualmente portadores de anticuerpos del SIDA.Los perjudicados todavía no saber, si en un futuro llegarán a desarrollar la enfermedad, aunque el, criterio de los expertos en esta materia apunta a que prácticamente la totalidad de los portadores de anticuerpos acaban sufriendo los efectos del síndrome.

Por la irregularidad cometida en el hospital fueron procesados quienes en el momento de los hechos ocupaban cargos de responsabilidad en Bellvitge: el director y el gerente del centro, Josep Maria Capdevila Mirabet y Fortunato Frías, respectivamente. Se sentaron también en el banquillo la responsable del banco de sangre de la residencia, doctora Carme Ferran, y los doctores del mismo servicio Antonio Rubió Baget y Roberto Ramón Sans. Con respecto a este último, el fiscal retiró la acusación, aunque debe ser juzgado porque la acusación particular mantiene los cargos. Para los demás, el fiscal José Maria Mena solicita penas que oscilan entre un año de prisión y tres meses de arresto, en el caso del gerente, y un año de prisión y ocho meses de arresto para los demás acusados. El fiscal. pide también 10 millones de pesetas de indemnización para cada uno de los perjudicados por las lesiones ya ocasionadas y 15 millones de pesetas más por si desarrollan el SIDA.

Médicos en la sala

El juicio por el llamado caso del SIDA ha levantado expectación en la clase médica, ya que se trata de la primera vista penal en España por un error de este tipo. Por ello, en la sala dónde se celebró el juicio había una considerable representación de la profesión médica, sobre todo de facultativos del hospital de Bellvitge.El ex director de Bellvitge, Josep Maria Capdevila Mirabet, insistió en declinar una responsabilidad directa porque el centro no comprara los reactivos necesarios para practicar las pruebas del SIDA. El facultativo contó que en julio de 1986 recibió una carta de la responsable del banco de sangre, la doctora Carme Ferran, en la que le exponía la necesidad de practicar las pruebas del SIDA. "Yo fui el promotor del expediente administrativo para la compra del material", añadió. El expediente administrativo es un complejo trámite burocrático que, según las declaraciones de los procesados, debe ser cumplimentado y aprobado como paso previo a la compra de lo solicitado. Sin embargo, el doctor Capdevila no supo explicar con claridad el motivo de que ese expediente no estuviese resuelto el 1 de noviembre el 1986, fecha de entrada en vigor de la ley, ni en diciembre, ni en enero y febrero de 1987.

Tanto Antonio Rubió como Roberto Ramón Sans sostuvieron que con anterioridad a la orden de la Generalitat ya habían planteado la necesidad de realizar las pruebas. Cuando ya había entrado en vigor el decreto, los dos facultativos y la doctora Ferran insistieron en la necesidad de comprar los reactivos para realizar las pruebas. El expediente fue estudiado por la comisión de administración del hospital, que resolvió no autorizar la compra.

"En adminsitración nos dijeron que el doctor Capdevila no daba la autorización", precisó Rubió. Carme Ferran explicó que, antes de la efectividad del decreto, comentó la dificultad para comprar el material necesario a Enric Argelagués, director del Programa de Donación y Transfusión Sanguínea del Departamento de Sanidad de la Generalitat. "Me dijo que no me preocupase", añadió Ferran. Rubió afirmó que Argelaguès tuvo conocimiento de que no se realizaban las pruebas en otras dos ocasiones.

Ferran, al ver sus peticiones desoídas, se entrevistó en enero de 1987 con Jaume Berguedá, subdirector del Instituto Catalán de la Salud (ICS), quien 1,3 contestó que lo hiciera constar en el acta hospitalaria. El 26 de febrero del mismo año, en reunión con los máximos responsables del hospital, Carme Ferran comentó que una periodista de EL PAÍS le había preguntado sobre la cuestión. "La reunión se interrumpió y al día siguiente el doctor Capdevila dio la orden de cesar las transfusiones".