El fiscal pide un mes de arresto para 32 arroceros por la muerte de 20.000 patos

La fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla ha solicitado una pena de un mes de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa para los 32 arroceros de las marismas del Guadalquivir que utilizaron plaguicidas organofosforados y causaron la muerte de más de 20.000 aves acuáticas en el parque nacional de Doñana en septiembre de 1986. La fiscal Auxiliadora de la Rosa considera que los 32 arroceros y dos gerentes de las empresas suministradoras del producto son culpables de un delito contra el medio ambiente.

En su escrito de conclusiones provisionales, Auxiliadora de la Rosa Moreno considera que la mortandad de las aves en el verano de 1986 se debió al envenenamiento ocasionado por el uso de plaguicidas órganofosforados, que llevaban en su composición el componente metil-paratión, cuya aplicación está prohibida en zonas húmedas en prevención de este tipo de desastres ecológicos.La fiscalía estima que tanto los arroceros como los gerentes de las dos empresas que suministraron el producto eran conocedores de la prohibición de uso en la zona de marismas, ya que los envases del plaguicida contienen en sus etiquetas indicaciones sobre su uso en dichas zonas, al tiempo que existe una orden del Ministerio de Agricultura, de fecha 9 de diciembre de 1975, que reglamenta el uso de los productos fitosanitarios en prevención de daños a la fauna silvestre.

Denuncias

El sumario 153/89 -abierto como consecuencia del envenenamiento masivo de aves acuáticas en en Parque Nacional de Doñana, y tras las denuncias presentadas por la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (AMA), el ICONA, y grupos ecologistas- será visto en un juzgado de lo Penal en Sevilla, el próximo mes de enero, según la previsiones de la fiscalía de la Audiencia sevillana, ya que aún faltan por presentar las conclusiones provisionales de los abogados defensores. No obstante, fuentes de la fiscalía señalaron ayer a este periódico, que la fecha dependerá de cuántos abogados defensores presenten los procesados.En la calificación del ministerio público, se estima en una cifra aproximada a "más de 20.000", las aves que fallecieron en Doñana como consecuencia del envenenamiento, aunque durante las fechas de la mortandad se barajaron cifras superiores a las 27.000, en su mayoría patos, aunque también había garzas, chorlitejos, espátulas y otras especies acuátícas.

La fiscal solicita penas similares -un mes de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa- para los 32 arroceros y los dos gerentes de las empresas distribuidoras del plaguicida, por un delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 347 bis del Código Penal.

Según se desprende del escrito, el ministerio público mantendrá la tesis, esgrimida por varios informes oficiales realizados tras el desastre, que atribuían la responsabilidad de las muertes al uso clandestino de pesticidas -el flasforado metilparatión- aplicado para eliminar los cangrejos rojos de río en las tablas, desagües y en canales de riego de los arrozales.

El Patronato del Parque Nacional de Doñana, que preside el vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, informó el 4 de octubre de 1986, que "la causa más probable" de la mortandad de las aves, se debió a "una intoxicación aguda por pesticidas del tipo órganofosforados.

Guerra dijo entonces desconocer los autores materiales del vertido pero aseguró que el Patronato promovería una investigación judicial de los acontecimientos "y solicitará la depuración de las posibles responsabilidades de toda índole que pudieran derivarse". Asimismo, el vicepresidente del Gobierno dijo que todos los organismos con responsabilidad en el desastre ecológico estuvieron coordinados y actuaron correctamente.