Un 68% de los colombianos apoya las extradiciones

Los colombianos respaldan la extradición y la cárcel por enriquecimiento ilícito. Están también de acuerdo con la confiscación de bienes y cuentas bancarias a los narcotraficantes. En resumen, la mayoría del pueblo colombiano respalda las medidas que ha tomado el Gobierno para hacer frente al flagelo del narcotráfico. Así lo revela una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, con el auspicio del diario El Tiempo y la cadena radiofónica Caracol. El 15% de los encuestados dijo sí a las medidas de excepción. Pero lo más asombroso es el viraje de la opinión pública que hoy se muestra a favor de la extradición: un 68%.

El 63% de los encuestados dijo estar de acuerdo con ella. Hace apenas seis meses, un sondeo realizado por esta misma empresa reveló que el 65% de las personas se mostraban en contra de la entrega de nacionales a la justicia norteamericana. La extradición es un tema que ha dividido la opinión de los colombianos. Muchos de los que se muestran en contra lo hacen por razones nacionalistas. "No es justo", dicen, "que a los colombianos se les apliquen penas y se les juzguen por delitos que no existen en nuestro país". Carlos Lehder, por ejemplo, cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos; en Colombia, la pena máxima son 30 años de prisión. Pero ante la gravedad de la situación, ante las últimas muestras de barbarie de los narcotraficantes, parece ser que muchos colombianos cambiaron de opinión y apoyan la extradición, que es a lo único que temen los grandes capos de la mafia.Lo único que no aceptan los colombianos, y lo revela también esta encuesta, es la presencia de militares extranjeros en el país. El 80% de los entrevistados dijo no a esta posibilidad. Ayer, en la universidad Nacional, en Bogotá, cientos de estudiantes encapuchados quemaron la bandera de Estados Unidos, y mientras se enfrentaban a pedradas con la policía, gritaban: "Fuera yanquis de Colombia". Este incidente en la universidad más importante de Colombia refleja el sentir de los colombianos, que temen que la lucha contra los capos de la droga sirva de pretexto para la intervención norteamericana. Hasta el momento, la ayuda de ese país se ha limitado al envío de aviones y equipo de guerra. El presidente Virgilio Barco asegura que en ningún momento se aceptará la ayuda militar.

[En una entrevista concedida al Canal 4 de la televisión británica, el presidente norteamericano George Bush, dijo que no descartaba ni confirmaba la posibilidad de envío de tropas de EE UU, informa Efe].

Pero si el pueblo apoya al Gobierno en su guerra contra el narcotráfico, el apoyo de la clase política no ha sido muy claro. El jueves, y sólo 23 horas después de su expedición, el Ejecutivo tuvo que derogar el decreto que establecía la posibilidad de nombrar alcaldes militares.

No habrá alcaldes militares

Orlando Vázquez, ministro de Gobierno, aseguró que los dirigentes de todos los partidos y los alcaldes no supieron interpretar esta medida. En efecto, ningún decreto de los expedidos últimamente por el presidente había despertado tan airada reacción. Los políticos lo calificaron de inconstitucional, militarista y lesivo de la dignidad de los alcaldes elegidos por voto popular."Si nos hemos equivocado seremos los primeros en rectificar, porque este Gobierno es civilista y por encima de todo democrático", dijo el ministro de Gobierno poco antes de echar atrás la medida. Puerto Boyacá, epicentro del poder paramilitar en Colombia, y Pacho, población donde estableció su centro de poder Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los grandes del cártel de Medellín, seguirán entonces con sus alcaldes civiles; el Gobierno había optado por nombrar allí alcaldes militares.

El diario El Tiempo, en su nota editorial de ayer, habla de "ese otro país" en que viven los políticos colombianos. El diario ataca duramente la actitud de los representantes en la Cámara que el pasado miércoles abandonaron su escaño minutos antes de que el gabinete ministerial en pleno fuera a pedir el apoyo del Congreso a la labor gubernamental. El presidente de la Cámara, el socialconservador Carlos Rodado Noriega, disculpó su actitud diciendo que nadie le había notificado oficialmente la visita de los ministros y que por eso él ordenó levantar la sesión. El diario El Tiempo dice en su editorial: "A veces da la sensación de que algomás que la dignidad fue la causa: el miedo". Se refiere tal vez al miedo que tienen los políticos de comprometerse abiertamente con esta guerra al narcotráfico.

Curiosamente, el jueves, cuando toda Colombia esperaba la reacción violenta de los narcotraficantes por la extradición de Eduardo Martínez, jefe de finanzas del cártel de Medellín, fue uno de los días más tranquilos de los que se han vivido en estas últimas semanas. Lo más grave ocurrió en Medellín, donde dos petardos de mediano poder estallaron, uno en un comando de la policía y el otro en un restaurante de comidas rápidas. Ayer, en esa ciudad, fue asesinado el concejal de la Unión Patriótica Carlos Zapata. Pero la noticia más inquietante de ayer tiene que ver con el diálogo que el Gobierno adelanta con el M-19. La negociación, que ya está en su etapa final, se deterioró porque tres militantes de este grupo han sido asesinados en los últimos días.