Guerra total al narcotráfico

A LOS 10 días de haberse iniciado la "guerra total" declarada por el presidente Virgilio Barco contra los capos del tráfico de cocaína, el balance es a primera vista bastante impresionante. Más de 10.000 personas han sido detenidas como sospechosas de pertenecer a las redes del narcotráfico. Unas 700 armas de fuego, 1.200 coches y camiones, 18 helicópteros, 62 aviones, 30 yates, 140 fincas y casas han sido secuestrados por la policía y el ejército. La población ha podido ver en la televisión la suntuosidad de unas mansiones que atestiguan de la riqueza fabulosa acumulada con un tráfico delictivo, pero que mueve sumas superiores a los presupuestos de muchos Estados. Pero esa riqueza permite a los capos no sólo vivir como pachás, sino disponer de un verdadero ejército de sicarios dedicados al asesinato.Después de este ataque sin precedentes, el presidente Barco no puede volverse atrás. Es un hecho positivo, pero lamentable, que se haya esperado tanto. Durante muchos años de pasividad miles de asesinatos han sido cometidos y el Estado colombiano ha sido infiltrado por la corrupción hasta unos extremos dificiles de medir. ¿Qué va a pasar ahora con los urrestados y los bienes secuestrados? Entre los primeros hay pocos delincuentes conocidos y sólo uno de ellos tiene una petición de extradición por EE UU. Ahora la justicia deberá confirmar el encarcelamiento de los sospechosos y la expropiación de los bienes intervenidos. Para ello es fundamental que el aparato judicial -uno de los sectores más atacados tanto por la corrupción como por los asesinatos- pueda actuar con una protección efectiva y con una moral que le permita cumplir la ley. Tal es uno de los objetivos de la gestión que realiza en EE UU la ministra de Justicia, Mónica de Greiff. Que ésta haya tenido que pedir un crédito especial al presidente Bush para que los jueces puedan disponer de coches blindados y de otras formas de defensa da idea del desamparo y debilidad del Estado colombiano. Porque la batalla continúa. Los principales capos se han escondido. Las redes del crimen no han sido desmanteladas. En Medellín, su centro principal, se suceden los atentados y la población vive en permanente angustia.

En esta coyuntura, algunos de los principales "patronos" han lanzado la idea de que hace falta "dialogar", "entenderse". ¿Señal de que han sido tocados por la ofensiva de Barco? Es probable, pero el problema tiene otra vertiente. Un sector en la política colombiana preconiza un diálogo para "arreglar las cosas". El propio alcalde de Medellín plantea que el Gobierno carece de fuerzas suficientes para vencer al narcotráfico y que no hay más remedio que negociar con él. El ob etivo de los capos hoy es lógicamente estimular actitudes de ese género, conducentes a la capitulación del Estado.

Varios ministros han dicho que el diálogo es imposible, pero la única respuesta inequívoca la darán los hechos. Por ejemplo, en el caso de la extradición de Eduardo Martínez Romero, tesorero del cártel de Medein. En términos generales, las próximas semanas deberán esclarecer si los sectores limpios del Estado son capaces de imponer su línea de estricta legalidad y de neutralizar para ello a las zonas podridas por la corrupción, que se extienden hasta altos cargos de la Administración y del Ejército.

Estamos, pues, en un momento en que el Gobierno de Bogotá necesita, y merece, un apoyo neto. Sería triste que cálculos politiqueros ante las próximas elecciones presidenciales o el argumento "anti-EE UU", utilizado de manera hipócrita por el narcotráfico, le restasen apoyos o fomentasen silencios vergonzantes. El llamamiento del presidente Barco a la opinión internacional ha sido acogido favorablemente. España ha manifestado su solidaridad y su idea de incorporar a Colombia a las reuniones antidroga de EE UU, Italia y España puede ser útil para la acción actual de las autoridades de Bogotá. Al ayudar a Colombia en ese terreno, nos ayudamos a nosotros mismos, ya que España es utilizada cada vez más como plataforma para extender la cocaína a Europa.