CC OO y UGT piden que las corporaciones locales gestionen el salario social

M. Z., CC OO y UGT exigirán que los Presupuestos del Estado incluyan partidas especiales para la financiación del salario social y la construcción de viviendas a las que puedan acceder las rentas más bajas. Según la propuesta prioritaria que están desarrollando ambas centrales, las corporaciones locales gestionarían la prestación mínima, garantizada con el control de los sindicatos, y no podría ser inferior a 30.000 pesetas por 14 pagas.

Los criterios reguladores del llamado salario social tendrían, para las dos centrales mayoritarias, el carácter de mínimos para los que pudieran establecerse en las distintas comunidades autónomas, y los que accedieran a él tendrían derecho a utilizar las prestaciones sanitarias y farmacéuticas de la Seguridad Social. De esta manera se protegería a aquellos colectivos que, en situación de pobreza y marginación social, no están incluidos en el ámbito de las prestaciones no contributivas o del desempleo.Entre los objetivos de UGT y CC OO se encuentra el de hacer compatible este salario con las prestaciones de ayuda familiar. Por lo que respecta a su distribución, se exige la presencia de los sindicatos para evitar situaciones fraudulentas en lo que se refiere al reconocimiento de tales prestaciones. En este sentido matizan que "los medios de prueba del estado de necesidad no podrán tener carácter discriminatorio".

Las centrales también plantean la creación de un mecanismo de información idóneo que permita superar las barreras sociales y culturales del sector al que va dirigido el salario social, de tal modo que quede garantizado su conocimiento por los posibles beneficiarios.

Por lo que respecta a la vivienda social, décimo punto de los 20 que componen la plataforma común, UGT y CC OO plantean una estrategia con cinco frentes: construcción de viviendas sociales, nueva política de suelo, reformas fiscales, mejorar las condiciones de financiación para la compra de viviendas y derogar el decreto Boyer sobre alquileres.

Con respecto a la reforma de los impuestos relacionados con la vivienda, la propuesta sindical prioritaria plantea la disminución progresiva de los gastos fiscales del Estado en deducciones, trasladándose a gastos directos como la promoción pública de viviendas. Paralelamente, exigen que se elimine la desgravación para la segunda vivienda y, por lo que respecta a la residencia habitual, que se limite la deducción existente en el módulo de las viviendas de protección oficial.