El Gobierno se propone una reducción del déficit público de más de un 15% a lo largo del próximo año
El objetivo de diseñar unos presupuestos para 1990 de carácter restrictivo puede mantenerse, según los primeros estudios, sin modificar las figuras impositivas. El problema es que a ese crecimiento de ingresos -que se verá apoyado tanto por el aumento de recaudación resultado del buen momento del ciclo económico como por los resultados de la lucha contra el fraude- habrá que sumar una política de freno a los gastos. Esta última discusión, según fuentes cercanas al Gobierno, se ha paralizado ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones.
El Gobierno pretende que el déficit público no financiero del Estado quede por debajo del billón de pesetas el próximo ejercicio. Este objetivo puede conseguirse sin adoptar ningún tipo de medida fiscal sustantiva que eleve los ingresos públicos y dejando sólo que éstos crezcan a su tasa vegetativa". Una política que permitiría obtener unos ingresos cercanos a los 10 billones de pesetas, con lo que el Estado detraería más de un 20% del producto interior bruto (PIB) previsto para el próximo año (48,3 billones de pesetas).El crecimiento de ingresos presupuestarios, según estas estimaciones, será inferior al 12,4% que se calculó para 1989 en los presupuestos. El crecimiento vegetativo, tanto para el próximo ejercicio como para éste, se enfrentará a la reducción de ingresos fiscales por la modificación de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Con la vieja ley, el Gobierno esperaba que la recaudación por IRPF fuera este año de casi un 7% del PIB, con un incremento cercano al 13% respecto a 1988. La tributación separada sólo elevará la recaudación total por este impuesto (responsable de la tercera parte de los ingresos del Estado) en un 4,9% en 1990.
El efecto de esta modificación tributaria es aún más acusado en el impuesto sobre el patrimonio, ya que las primeras estimaciones prevén una caída en la recuadación total, aunque aquí se une además la elevación del mínimo exento. El retroceso en la recaudación por estos impuestos es coyuntural, ya que Hacienda va a empezar a trabajar en el nuevo proyecto de renta y patrimonio el próximo 10 de agosto.
En el lado opuesto queda la evolución de la recaudación prevista en sociedades. El aumento de beneficios es el primer responsable de la mayor aportación de este impuesto, al ser proporcional. Un condicionante al que se une la reducción del fraude en facturación y beneficios declarados por las empresas y la práctica desaparición de los incentivos fiscales a la inversión.
El capítulo de impuestos indirectos notará los efectos del auge económico y la lucha contra el fraude en el IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, respectivamente.
La reducción del déficit público que pretende conseguir el Gobierno para colaborar al enfriamiento de la economía no puede apoyarse sólo en el crecimiento de ingresos, que ya es inferior al pesupuestado para este año. La segunda y más difícil parte corresponderá a un gasto público que las primeras previsiones presupuestarias quieren congelar en el entorno del 22% del PIB, con un crecimiento anual del 8,7%.
