Información privilegiada

SÓLO EXISTE un organismo público que desate casi tanta pasión política como RTVE: el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque es probable que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se convierta muy pronto en el tercero en discordia. Este último ha pasado en los últimos años por momentos agitados en sus relaciones con el Gobierno. Una parte de sus funcionarios ha considerado siempre que la estructura administrativa excesivamente rígida del instituto se traducía en una falta de libertad en sus actuaciones, por lo que han reivindicado un estatuto especial que los liberase de tal dependencia. El cambio orgánico del INE se ha producido en fechas recientes, pero no precisamente en esa línea. La decisión de elevar el rango funcionarial de su director al de subsecretario, dentro del organigrama del Ministerio de Economía y Hacienda, augura un mayor enfeudamiento administrativo, así como un reforzamiento del control gubernamental sobre las actividades del instituto.En los regímenes basados en la opinión pública -y el democrático lo es esencialmente-, los instrumentos que ayudan a orientar y conformar el juicio de los ciudadanos sobre los asuntos públicos, o a sondear sus gustos e inclinaciones ideológicas, se han constituido en cualificados medios auxiliares de la gobernación del país y en valiosos útiles en la lucha por la conquista del poder político. Es por ello comprensible que el acceso al caudal de información que se obtiene con medios y fondos públicos sea una reivindicación permanente de las fuerzas políticas y sociales representativas. La atención que desde hace años prestan las formaciones políticas al CIS tiene precísamente esta motivación: impedir el uso privilegiado que el Gobierno hace de los trabajos de este organismo público y quebrar su reticencia, si no su negativa, a compartirlos con el resto de los grupos políticos en el Parlamento. Lo mismo ocurre cuando se reclama mayor rigor y transparencia en el manejo de la estadística oficial.

Ni en el caso del CIS ni en el del INE su ubicación formal en el organigrama administrativo del Estado -integrado el primero en el Ministerio de Relaciones con las Cortes y el segundo en el de Economía y Hacienda- justifica que el Gobierno monopolice sus trabajos o los dé a conocer cuando ya han perdido su interés más inmediato. Cada vez que el Gobierno ha tenido que defender en el Parlamento su política en relación con el CIS, lo ha hecho no aduciendo argumentos legales, sino dificultades técnicas: los responsables de los sondeos de opinión necesitan meses de depuración de los resultados para poder entregarlos sin error. Este tipo de explicaciones huele a puro pretexto y choca además con la relación de inmediatez que cualquier radiograflia sobre la evolución de la opinión pública debe tener con el momento en que se produce, para que aquélla pueda tener alguna utilidad práctica.

El acceso de las fuerzas políticas y sociales a los fondos del CIS y del INE en igualdad de condiciones no es tanto un problema legal como de ética política. El Gobierno tiene en sus manos la ley de secretos oficiales para impedir, cuando lo considere justificado por prudencia política o seguridad, que un determinado estado de opinión sea conocido. Sería políticamente más honesto y legalmente más correcto recurrir a esta vía que considerar de hecho como secretos -reservándoselos arbitrariamente para sí- trabajos de auscultación de la opinión pública provechosos para orientar la actividad de los grupos políticos y sociales. Pero, por lo que se ve, el Gobierno parece decidido a seguir teniendo en sus manos una información privilegiada cuya máxima utilidad para quien la conoce se deriva precisamente de que sea desconocida por los demás. En esas condiciones, no sólo Alfonso Guerra, sino hasta el más lerdo picapapeles es capaz de convertirse en el mejor experto electoral.