¿Por que es imprescindible una amnistía?

Para el autor, el Ministerio de Hacienda es el primer incitador al fraude fiscal, al ofrecer en exclusiva un activo, pagarés del Tesoro, cuya única justificación está en la garantía de opacidad que ofrece. Por otro lado, castigar en los clientes que han suscrito seguros con prima única el desacierto de unos técnicos sería una injusticia. Demagogias aparte, la única salida que ve es la amnistía fiscal.

La posibilidad de una amnistía fiscal, o fórmula que sin un coste prohibitivo permita aflorar patrimonios ocultos hasta ahora para el fisco, de manera que sus titulares pasen a tributar en adelante con rectitud, esta de actualidad.Que, aquí y ahora, la amnistía es precisa, sólo puede negarse desde posicionamientos demagógicos o faltos del mínimo realismo exigible en toda actuación política. Porque todos somos responsables de la situación a que se ha llegado, que hay que resolver sin demora.

La existencia de patrimonios ocultos fiscalmente requiere instrumentos de inversión idóneos; en la medida en que estos instrumentos ofrezcan seguridad, garantía y liquidez, son al mismo tiempo incitaciones a la evasión. Fácilmente se comprende que si no existiese en qué colocar el dinero negro con mínimas garantías, éste desaparecería.

Es conocido que los principales instrumentos existentes en España en los últimos tiempos para refugio seguro de esta clase de fondos, son los pagarés del Tesoro y -aunque en menor grado- las letras del Tesoro, ambos emitidos con gran despliegue publicitario por el propio Ministerio de Economía. Los primeros tienen garantizado por una ley específica su total opacidad, de manera que se pueden suscribir en cantidades ilimitadas por cualquiera sin temor a que se descubra tal inversión; y ambos están excluidos de retención en la fuente.

Información y retención son, por el contrario, dos cuestiones que la misma autoridad impone con absoluta rigidez a cualquier otro activo existente en el sistema.

No puede negarse, por tanto, que el Ministerio de Hacienda es el primer incitador al fraude, al ofrecer en exclusiva un activo cuya única justificación está en la garantía de opacidad que ofrece. ¿Cómo, si no, iban a colocarse fácilmente pagarés al 4% o 5% de interés, si el normal en el mercado es de 10 puntos más, como mínimo?

Acabar con este estado de cosas es una cuestión imprescindible desde cualquier ángulo que se mire. La igualdad ante la ley, que también obliga al Ministerio de Hacienda, exige que las normas sean iguales para todos: o en todos los activos hay información y retención, o no se pueden imponer a ninguno; si se quiere suprimir el fraude, hay que empezar por suprimir los mecanismos que lo posibilitan.

Pero sólo puede acabarse con esto ofreciendo una salida razonable; al tiempo que se suprimen los mecanismos citados, imponiendo información y retención también a pagarés y letras del Tesoro, es necesario que quienes durante tiempo vivieron al margen amparados en una situación permitida oficialmente, puedan hoy reinsertar socialmente su patrimonio, sin tener que hacer frente a costes prohibitivos.

Puertas al campo

Una actitud cicatera en este delicado extremo haría inoperante todo lo demás; si no se pueden poner puertas al campo, tampoco la economía es fácil de someter por la fuerza.

No podría haber peor final para el asunto del dinero b que acabar transformándose en depósitos bancarios al norte del San Gotardo. Estamos en un momento crucial: si antes de entrar en vigor la exigencia de auditorías y demás requisitos de control de inminente aprobación, se ofrece un mecanismo de regularización, será posible una aplicación razonable del sistema que ahora se ultima.

En otro caso, no puede esperarse ningún avance sustantivo; además de engañar al fisco, se engañará también a los auditores, eso es todo. Algo similar sucede con el delito fiscal. No siendo planteable llenar las cárceles de ciudadanos, ni los juzgados de expedientes, el delito fiscal -cuya existencia y aplicación real es imprescindible en una sociedad moderna- sólo puede operar cuando el fraude como norma de comportamiento social haya sido eliminado. Lo demás es pura ilusión.

Por lo que se refiere a ciertos mecanismos heterodoxos, el Ministerio de Hacienda acaba de ganar la batalla con las primas únicas, y parece ser inicia ahora el ataque a las cesiones de préstamos y demás mecanismos.

Presentar esta lucha como represiva del fraude fiscal es una demagógica hipocresía. Lo que se ha desmontado no es una bolsa de fraude, sino una competencia de los pagarés del Tesoro. Esos fondos ya estaban ajenos al fisco antes; y hubiesen podido seguir así de no haber sido infieles a los pagarés.

Nadie pone en duda que los titulares de primas únicas fueron hábilmente seducidos, con el ofrecimiento de una opacidad igual que la que ofrecía el Tesoro y mejores rendimientos; castigar en los clientes el desacierto de unos técnicos sería un error y una injusticia. Dar una salida a estos miles de ciudadanos es un deber político.

La anulación por el Tribunal Constitucional de la parte esencial de la ley del Impuesto sobre la Renta confirma que en la etapa que ahora debiera terminar las culpas y responsabilidades alcanzan a todas partes.

En conclusión, demagogias fáciles aparte, es imprescindible arbitrar una salida a la situación actual, permitiendo la afloración de patrimonios fiscalmente ocultos, a la vez que se suprimen los contraproducentes privilegios de que gozan las letras y pagarés del Tesoro.

Y ello de manera inaplazable, porque lo es fácil que vuelvan a darse las circunstancias que hoy lo hacen posible con éxito previsible.