Sólo Castro puede salvar la vida de los 4 condenados

El presidente cubano, Fidel Castro, se reunió ayer urgentemente con el Consejo de Estado, el máximo órgano de poder del país, para decidir sobre la suerte de los cuatro militares condenados a muerte cuyas penas fueron ratificadas el sábado por el Tribunal Supremo. Una gran parte del prestigio y del futuro de la revolución cubana está en juego en esa decisión de ejecutar u ofrecer clemencia a los cuatro condenados.

La agencia oficial de noticias, AIN, transmitió ayer un despacho en el que anunciaba que "la sala de lo militar del Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto de oficio contra la sentencia número 1 de 1989 del tribunal militar especial dictada en la causa número 1 del mismo tribunal y año", que establece penas de muerte para el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez "por delitos de actos hostiles contra un Estado extranjero, tráfico de drogas tóxicas y abuso en el cargo".Aunque no se ha precisado expresamente, se deduce que los cargos por actos hostiles contra un Estado hacen alusión a Estados Unidos, país al que eran destinados los envíos de droga en los que participaron los integrantes del cártel de La Habana. La nota de la agencia oficial añade que "el Ministerio de Justicia remitió las actuaciones al Consejo de Estado a los efectos de que analice y se pronuncie si en relación con esta sanción procede ejercer la facultad de conmutación que al respecto establece la ley".

Fidel Castro conmutó en el pasado algunas penas de muerte a reos acusados de atentar contra su vida, entre otros al español Eloy Gutiérrez Menoyo, a quien le fue conmutada la pena capital en 1965 por una sentencia de 30 años que no llegó a cumplir, gracias al perdón solicitado por Felipe González y concedido por el jefe del Estado cubano en 1987.

El último ejecutado

En Cuba no se aplican penas de muerte por delitos que pueden tener connotaciones políticas -los que en el léxico oficial se denominan "contra la seguridad del Estado"- desde hace 20 años, según fuentes oficiales. La última pena de muerte ejecutada en la isla fue en 1987 contra un delincuente común responsable de "crímenes execrables", según anunciaron recientemente las autoridades judiciales cubanas.

En el caso de los militares narcotraficantes, el tribunal que los juzgó encontró especialmente graves los delitos de alta traición cometidos por quienes ocupaban altos cargos de responsabilidad, que pusieron en peligro la credibilidad del régimen socialista cubano y la del propio Fidel Castro.

Él organismo encargado de pronunciar la última palabra en este caso, el Consejo de Estado, está presidido por Fidel Castro, e integrado por otros 30 miembros. Sus vicepresidentes son Raúl Castro, Juan Almeida, Osmany Cienfuegos, José Ramón Machado, Pedro Miret y Carlos Rafael Rodríguez. Forman parte también de este órgano los nuevos ministros del Interior y de Transportes, generales Abelardo Colomé y Serién Casas, la esposa de Raúl Castro, Vilma Espín, y el ex minístro del Interior Ramiro Valdés, considerado uno de los hombres más duros del régimen.

El Consejo de Estado es responsable de las más altas decisiones del país, tiene la obligación de ratificar todos los cargos de responsabilidad y es el principal asesor y consultor de Fidel Castro. Sin embargo, es éste -comandante en jefe, primer secretario del Partido Comunista, presidente del Consejo de Ministros- quien se la juega en esta decisión. Ejecutar la sentencia le haría acreedor a una imagen de crueldad ante la opinión pública internacional. Conmutarla quitaría credibilidad al juicio ante la opinión nacional y privaría al líder cubano de la posibilidad de una sanción ejemplarizadora.

El Gobierno cubano, cuya responsabilidad en la red de narcotráfico descubierta ha sido motivo de especulación a lo largo de todo el proceso, se encuentra ahora ante la necesidad de demostrar con la pena de muerte que no había ningún tipo de connivencia con los acusados para que estos cargasen con toda la responsabilidad y ocultasen a sus superiores.

Pero hay tal vez una razón de más peso para comprender el grave dilema a que se enfrenta Castro: su propia personalidad. Hace algún tiempo, un dirigente cubano comentaba en privado que "quien no comprenda que Fidel es un idealista no comprende esta revolución".

Este ingrediente de idealismo es fundamental para entender, entre otras cosas, la resistencia de Castro a la perestroika. El máximo dirigente cubano, que lleva años llenando La Habana de carteles en los que se proclama que "los problemas se resuelven con honor, con moral, con principios", no puede dejar impune un delito con el que se echan por tierra esos conceptos. Cuenta con una opinión nacional que, aparentemente, no derramaría una sola lágrima por De la Guardia, Martínez o Padrón. Algo distinto es el caso de Ochoa. El general era más respetado, tal vez más querido. Su muerte sería menos comprendida.