Solana no accede a financiar por una ley específica la reforma educativa

El ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana, manifestó ayer en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados que el Gobierno no considera necesaria una ley específica de financiación de la reforma del sistema educativo. Tal eventualidad había sido sugerida por Izquierda Unida, cuyo grupo parlamentario había pedido la comparecencia del ministro para informar sobre el proyecto de la reforma. Solana respondió previamente a varias cuestiones planteadas por los grupos Popular y del CDS.

Javier Solana y el diputado de IU Manuel García Fonseca, mantuvieron un largo debate sobre técnica contable a propósito de las previsiones para la financiación de la reforma del sistema educativo, que el Gobierno ha calculado en cerca de un billón de pesetas.García Fonseca dijo que dicha cantidad es, en realidad, la resultante de sumar los gastos consolidables con los de inversiones para el período de ocho años en los que se ha previsto la implantación de la reforma. Para el diputado de IU, el verdadero coste de la reforma será de unos 360.000 millones de pesetas, que es la cantidad que corresponde a los gastos consolidables; el resto, unos 600.000 millones, según dijo, serán inversiones y, en parte, " una revisión a la baja" de las que ya figuraban en el último plan cuatrienal de Economía y Hacienda.

Solana intentó infructuosamente convencerle de que dichas inversiones son parte del coste específico de la reforma y no sólo los capítulos de gastos consolidables. El ministro aseguró que los cálculos hablan sido hechos de forma muy pormenorizada, teniendo en cuenta absolutamente todas las necesidades: previsiones de alumnado, número de profesores, conciertos con el sector privado, transportes, internados, construcciones, etcétera.

Porcentaje del PIB

De otro lado, García Fonseca había argumentado que, en todo caso, las previsiones de financiación seguían alejadas del porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que los países de la CE dedican a educación y que él situó en una media del 6%. De acuerdo con los cálculos de IU, al final del período de aplicación de la reforma, en 1997, España dedicará un. 4,7% del PIB. El ministro cuestionó rotundamente el 6% que habitualmente se suele citar como el porcentaje medio del gasto de los países de la CE. Citó documentos de la OCDE, según los cuales, países como Francia, Reino Unido y la República Federal de Alemania no rebasan el 4,8%, y afirmó que en los últimos años el crecimiento del gasto en educación es superior en España al de dichos países.

En relación al proyecto de reforma, la diputada de Minoría Catalana María Eugenia Cuenca, reivindicó un mayor grado de respeto a la "diversidad de modelos educativos" que, en su opinión, no está suficientemente garantizada en el libro blanco de la reforma. Por lo que se refiere al diseño de los planes de estudio, Cuenca advirtió sobre el riesgo de que la Administración central siga considerando, como en el pasado, que la competencia de las comunidades autónomas ha de limitarse a completar una mínima parte del currículo, y únicamente para garantizar la enseñanza de las lenguas propias. El ministro tranquilizó a la diputada catalana, asegurando que existe un diálogo permanente con los gobiernos autónomos, y subrayó que uno de los motivos de la reforma es precisamente la configuración del Estado de las autonomías.