El Senado pide nuevas normas para actuar en los casos de ancianos desamparados

La Comisión de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la ponencia sobre la problemática de la tercera eda", que será debatida en el pleno del Senado el próximo día 27 de junio. Esta ponencia denuncia la situación de abandono e indefensión en que se encuentran gran parte de los ancianos españoles. Este sector representaba el 13,4% del conjunto de la población en 1986, y se situará en 1990 en 5.202.424 ancianos.

El paulatino aumento de la población mayor de 65 años supondrá, según previsiones de la OCDE, una subida de un 40% en los gastos sanitarios para el año 2040. Las pensiones costarán un 85% más y el conjunto de los gastos sociales aumentará un 33%. Actualmente, la mayor parte de los jubilados se encuentran agrupados en niveles de renta que están por debajo del salario mínimo interprofesional. A este respecto, la ponencia, coordinada por Manuel Fernández Ramos, senador del Grupo Socialista, pone de manifiesto que, según el artículo 50 de la Constitución, "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

En una de sus recomendaciones, el informe recoge la necesidad de una adaptación paulatina del derecho de familia a la realidad social, para lo que se requiere "efectuar las necesarias modificaciones normativas que permitan que aquellas instituciones encargadas de la asistencia del anciano puedan promover las actuaciones judiciales correspondientes frente a situaciones de desamparo ".

En el texto elaborado por el Senado se "insta a los poderes públicos a que alivien la carga financiera que recae sobre las familias que se ocupan de esta asistencia, mediante la creación de subsidios, incentivos fiscales y otorgándoles protección social".

El informe denuncia también la situación de ilegalidad en que se encuentran gran parte de las residencias privadas, y la consiguiente falta de control que hay sobre sus actividades.

En España faltan unas 100.000 plazas en residencias para atender a la demanda existente. El óptimo establecido por la CE es de cinco plazas por cada 100 ancianos, mientras que España tiene un nivel de cobertura de 2,49 plazas por cada 100 ancianos.