Los jueces de la CE podrán ejecutar sentencias de los demás países comunitarios

España y Portugal se adhirieron ayer en San Sebastián al Convenio de Bruselas de 1968, que permite a los juzgados de primera instancia de cualquier país hacer cumplir las sentencias en materia civil y mercantil de otros tribunales de los Estados miembros de la Comunidad Europea (CE).

Con el acta de adhesión, denominada Donostia-San Sebastián, en atención a la ciudad anfitriona del Consejo de Ministros de Justicia comunitario, se completa el proceso de armonización judicial en materia civil y mercantil de la CE. En el caso español, el acta sobre la libre circulación de sentencias civiles y mercantiles, suscrita ayer por los titulares de las carteras de Justicia de España, Enrique Múgica, y de Portugal, Fernado Nogueira, supone en la práctica la eliminación del trámite del Supremo.La posibilidad, apuntada por Bélgica, de incluir en el convenio las causas penales fue estudiada por la delegaciones comunitarias en una reunión informal, en la que se puso de manifiesto la necesidad de buscar una simetría penal para los delitos graves. Todos los países se mostraron de acuerdo en establecer procedimientos que impidan que un ciudadano pueda ser condenado en dos Estados comunitarios por el mismo delito.

Expedientes por telefax

El consejo, desarrollado en el palacio de Miramar, frente a la bahía de la Concha, suscribió igualmente el Convenio de Modernización y Simplificación de los Procedimientos de Extradición, que implica en la práctica la validez y aceptación general, sin más requisitos, de la documentación relativa a expedientes de extradición remitida a través de telefax. El acuerdo, firmado con las reservas técnicas de la República Federal de Alemania, el Reino Unido e Irlanda, permitirá soslayar algunos trámites y acortar notablemente el tiempo de resolución de estos procesos. Enrique Múgica admitió que no han llegado todavía a establecer una filosofía común en el terreno de la extradición, aunque se declaró optimista a medio plazo.

Los países comunitarios sí han consensuado un informe sobre el impacto de la desaparición de las barreras fronterizas y la creación del "espacio de libre circulación de personas". Rafael Pastor Ridruejo, presidente de la comisión que ha elaborado el informe, dio cuenta de las conclusiones. En los debates previos se reprodujeron las diferencias entre ocho países que abogan porque la libre circulación comunitaria beneficie a los ciudadanos de todo el mundo y otros cuatro que insisten en que sólo a los de la CE.

Este informe será elevado a la cumbre de jefes de Estado de Madrid. En él se contemplan las medidas a adoptar para la represión del tráfico de drogas y del terrorismo, se establecen mecanismos de cooperación judicial en materia civil y penal, se proponen medidas para el control de objetos transportados por viajeros y se adelantan criterios y normas para la concesión de los derechos de asilo y de los estatutos de refugiados.