Los socialistas catalanes piden una modificación de la ley de Archivos

Los cargos públicos que al abandonar el puesto se lleven documentos a los que hayan tenido acceso en el desempeño de su función serán sancionados con multas de hasta 10 millones de pesetas si se acepta la enmienda presentada por el Partit dels Socialistes (PSC) al proyecto de modificación de la ley de Archivos, actualmente en trámite en el Parlament. Los coleccionistas o comerciantes que posean documentos públicos también serán sancionados sino los devuelven a la institución que los haya generado.Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista tienen el objetivo de acabar con dos prácticas, al parecer muy extendidas, que causan un grave daño a la íntegridad de los archivos administrativos e históricos de las instituciones públicas: la retirada o retención de documentos por parte de los cargos que dejan su puesto y la permanencia en archivos o colecciones privadas o la venta de fondos documentales pertenecientes a instituciones públicas.

Además de impedir o dificultar que los investigadores pueban acceder a ellos, la permanencia de documentos públicos en irchivos privados o en establecimientos comerciales provoca a veces curiosas situaciones. Se ha dado el caso de personas que poseían documentos de este tipo y que se han dirigido a una institucion para venderles documentos que generados por la propia institución.

Si se aceptara la enmienda socialista, las mencionadas personas estarían obligadas a devolver a las instituciones la citada documentación, sin percibir a cambio ninguna compensación.

La decisión de modificar la ley de Archivos obedece al hecho de que esta norma, aprobada por el Parlament en abril de 1985, no precisa qué tipo de infracciones deben ser consideradas como falta leve, grave o muy grave ni qué cuantía deben tener las sanciones a imponer en cada caso. Las faltas leves, según el proyecto, serán castigadas con multas de hasta 500.000 pesetas; las graves -como la difusión no autorizada de determinados documentos- con sanciones económicas de hasta 10 millones de pesetas y con multas de hasta 50 millones la faltas muy graves, como la destrucción de documentos cuando vulnere las normas sobre expurgación (que no se han dictado todavía) siempre y cuando su valor supere los tres millones de pesetas.