Los jornaleros extremeños dispondrán de créditos para comprar tierras

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura y del Banco de Crédito Agrícola, ha ultimado un convenio de colaboración para facilitar el acceso a la propiedad de la tierra de los jornaleros de la región. Las cantidades dispuestas para este fin oscilaran anualmente entre 2.000 y 10.000 millones de pesetas.

Según manifestaciones del consejero de Agricultura Francisco Amarillo, se trata de una medida que complementa las actuaciones realizadas durante los dos últimos dos años en materia de reforma agraria a través de las diferentes disposiciones aplicadas al respecto. Hasta el momento, vía de la reforma agraria, se ha actuado para la expropiación de 9.000 hectáreas, aunque en la mayor parte de los casos hay pendientes decisiones judiciales.El compromiso con el BCA para la financiación de la compra de tierras por los jornaleros, va a tener una duración de cuatro años. El BCA ofrece el dinero al 11,75 %, con dos años de carencia y a devolver en 20 años. La Junta de Extremadura subvenciona los intereses con cinco puntos.

Por parte de los responsables de la Junta no se han fijado techos a la cuantía de estos préstamos. Una comisión de la consejería de Agricultura estudiará las peticiones y decidirá sobre las mismas. Con el fin de evitar que esta medida pueda suponer un aumento injustificado de los precios de la tierra, la Junta no concederá créditos cuando las cotizaciones no se ajusten a las actualmente vigentes en el mercado, que van desde 80.000 pesetas hectárea para zona de pastos, a 250.000 pesetas para secano de cultivo o los dos millones para tierras de regadío.

Para la generación de empleo en la región, según Francisco Amarillo, la Ley de la Dehesa ha supuesto más de un millón de jornales por tareas de limpieza. Igualmente, se destaca el crecimiento de los censos de ganado en estas superficies para evitar sus propietarios actuaciones oficiales. En cuanto a la normativa sobre fincas mejorables, la última actuación ha sido el acta de ocupación de la finca Ibor Trasierra, de 2.000 hectáreas, propiedad de Celso García.