Probable reunión ministerial de la Comunidad con los países de la "línea del frente"

La presidencia española de la CE logrará probablemente hoy que los doce respondan favorablemente a la petición de los países de la línea del frente (Angola, Mozambique, Zambia, Tanzania, Botsuana y Zimbabue) de celebrar un encuentro ministerial con la Comunidad.Sólo el Reino Unido se ha mostrado reacio a acceder a la solicitud, por temor a que reanudar un diálogo, interrumpido en 1986, con los más férreos adversarios africanos del régimen de Pretoria implique discutir la imposición de nuevas sanciones a África del Sur.

En 1985, la Comunidad decretó un embargo sobre la venta de armas al país del apartheid y, posteriormente, los doce retiraron a sus agregados militares en Pretoria, al tiempo que prohibieron la importación por la CE de acero, mineral de hierro y monedas de oro surafricanos, pero el Gobierno de Margaret Thatcher impidió que la sanción abarcase también el carbón, principal exportación surafricana a Europa.

A mediados de febrero, la presidencia española fue encargada por los jefes de la diplomacia comunitaria de elaborar un informe sobre el impacto de: estas medidas sobre la evolución política surafricana y la oportunidad de nuevas sanciones, pero el Foreign Office descartó de antemano esta posibilidad.

Fuentes diplomáticas españolas se declararon, sin embargo, confiadas en que Londres levante su reserva a la petición de la línea del frente en el Consejo de Ministros de Exteriores que se celebrará hoy en la capital belga bajo la presidencia de Francisco, Fernández Ordóñez, y vaticinan que el encuentro ministerial podrá tener lugar aún bajo, presidencia española en Bruselas, Luxemburgo o Madrid.

La petición coincide con un nuevo deterioro de las relaciones entre la Comunidad y África de Sur, puesto de manifiesto por la advertencia formulada el lunes por el vicepresidente Manuel Marín al embajador surafricano en Bruselas, Bhadra Ranschod, a propósito de los intentos de Pretoria por controlar la ayuda internacional destinada a la población negra del país.

El Parlamento surafricano, votó hace dos semanas una ley, pendiente de su ratificación por el jefe del Estado, que obliga a algunas de las organizaciones que canalizan la ayuda a revelar el origen de sus fondos y su uso.

Desde 1986, la Comisión Europea ha dedicado cerca de 12.000 millones de pesetas a un programa de apoyo a las víctimas del apartheid y a las poblaciones desfavorecidas" canalizado en gran parte por las iglesias surafricanas y, en menor medida, por una organización laica (Kagiso) y por otra sindical.