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24 países promovieran la creación de una autoridad mundial para la protección del medio ambiente

Isabel Ferrer

La creación de una autoridad institucional en el marco de las Naciones Unidas capaz de luchar contra el deterioro de la atmósfera y que será controlada por la Corte Internacional de Justicia conforma la Declaración de La Haya, firmada ayer por 24 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Felipe González. Esa autoridad no podrá, sin embargo, imponer sanciones económicas. González afirmó que su Gobierno pretende incorporar el debate ecológico al proyecto de Plan Energético Nacional, aunque no hay previsión de costes ni definición de los sectores que se verán más afectados por la reducción de los clorofluorocarbonos (CFC) o las decisiones en la defensa de la atmósfera.

Felipe González declaró ayer, en una informal conferencia de prensa al término de la reunión, que cualquier decisión que se tome no afectará al empleo porque los procesos de reconversión pueden absorber los puestos de trabajo actuales.La autoridad supranacional pedida en La Haya no podrá sancionar económicamente a los países que dañen la atmósfera. Según Felipe González, no existen precedentes de que una autoridad parecida pueda imponer sanciones económicas, y desde el punto de vista del derecho internacional el procedimiento sería complicado, incluso si se trataran de imponer normas industriales generales que podrían chocar con decisiones constitucionales.

Los firmantes han asistido a la Cumbre sobre la protección de la atmósfera del globo, convocada por Francia, Noruega y Holanda. La ausencia de Estados Unidos, la Unión Soviética, China y siete países de la Comunidad Europea en el Palacio de la Paz de La Haya fue explicada por los tres Estados convocantes como el resultado de una búsqueda de rapidez y eficacia en la firma de un texto que debía actuar como catalizador sin enfrentarse a concepciones divergentes.

"Amenaza a la vida"

Felipe González señaló que "ahora que existe una certeza razonable de la degradación de la atmósfera, que amenaza la vida de la Tierra, era el momento de acumular la reflexión y la decisión políticas y actuar". En unas declaraciones realizadas antes de intervenir en la cumbre, el presidente español subrayó la importancia de convencer o atraer a las demás naciones para que se asocien al mensaje lanzado en La Haya. "Su grado de participación en este esfuerzo", añadió González, "no puede ser idéntico porque su grado de desarrollo económico es distinto. Habrá que buscar una forma de equilibrio en la transferencia de medios y tecnología, dada la voluntad de los países en vías de desarrollo de no cometer los mismos errores que los países industrializados".

Según el presidente español, la Declaración de La Haya no entorpecerá los compromisos de los doce con la CE en materia de medio ambiente. Durante la ceremonia de clausura de la cumbre, el jefe del Ejecutivo español, que no leyó su discurso, ratificó en una breve alocución su acuerdo con los términos de la Declaración y su deseo de involucrar en ella a todos los Estados del mundo. [González regresó a Madrid poco antes de las 21 horas de ayer, informa Efe].

[Por su parte, el presidente de la República Francesa, Frangois Mitterrand, se mostró también partidario de la creación de una "nueva autoridad institucional mundial" en materia de defensa del medio ambiente y agregó que esta propuesta será sometida a examen en la próxima Asamblea General de la ONU, informa Frances Presse].

La Declaración se ha concebido como un documento que llama al compromiso político y no en forma de convención que ate jurídicamente. El texto exhorta, además, a todos los Estados y a las organizaciones a ratificar las convenciones ya existentes.

En su afán de búsqueda de rendimientos inmediatos, la Declaración especifica que no será precisa la unanimidad para adoptar medidas de protección del medio ambiente. La Corte Internacional de Justicia, por su parte, tendrá siempre en cuenta el grado de desarrollo y responsabilidad efectiva en el proceso de deterioro atmosférico del país objeto de reconvención o condena.

En estos casos, el Tribunal prescribirá una ayuda equitativa como compensación. Ello porque "las naciones industrializadas son las que disponen de grandes recursos para tratar el problema y de ahí que ellas y las instituciones financieras y los organismos de ayuda al desarrollo deban coordinar sus actividades para que la protección ambiental se mantenga.

En su propia declaración de principios, Francia, Holanda y Noruega añadieron que las grandes potencias han sido informadas en todo momento del desarrollo de la cumbre. También lo fue Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de la ONU. La influencia de este último en la redacción de la Declaración de La Haya ha sido, al parecer, fundamental para la firma de un texto que reúne a países de distintos continentes, con concepciones políticas y económicas divergentes, pero dispuestos a colaborar internacionalmente.

Una carta de los derechos del ecosistema

La Declaración de La Haya invita a todos los Estados del mundo y a los organismos internacionales con competencia en materias ambientales a elaborar convenciones que propicien la creación de esa autoridad institucional y a colaborar en la difusión de sus trabajos para que todos los países se sumen al acuerdo de ayer.Lo que no especifica el texto de La Haya es si la nueva autoridad institucional dependerá directamente de las Naciones Unidas o surgirá de su propio Programa de Defensa del Medio Ambiente (PNUMA), si bien su redacción faculta ambas posibilidades, al subrayar la estrecha colaboración con la organización que se desea.

A pesar de contar con la presencia, del Tribunal Internacional de Justicia como órgano sancionador de los Estados que dañen el ecosistema, la Declaración de La Haya tiene carácter de carta de los derechos del medio ambiente, formulada por 24 países y abierta a todos lo que deseen suscribirla. Se trata así de un texto que se propone llamar la atención mundial sobre la contaminación y reclama la tutela y apoyo de la ONU como única organización capaz de aglutinar este esfuerzo.

La Declaración llega después de la decisión de los doce de suprimir el 85% de su producción de clorofluorocarbonos (CFC) antes del año 2000 y de la conferencia de Londres sobre el deterioro de la capa de ozono, cerrada sin acuerdos concretos.

De ahí que los convocantes de la cumbre de La Haya (Holanda, Francia y Noruega), conscientes de su posición al final de una serie de conferencias sobre las mismas cuestiones, se hayan empleado a fondo para explicar que la ausencia de las grandes potencias y de siete países de la CE no restará valor a la propuesta de creación de una institución que luche contra el deterioro de la atmósfera. Antes al contrario, la actitud positiva de Estados Unidos y la Unión Soviética favorecerá, según los tres convocantes, la preparación de conferencias paralelas o la búsqueda de instrumentos jurídicos indispensables para crear esa autoridad institucional.

A pesar de que no puede imponerse a otros acuerdos, la Declaración se ha redactado como un texto poco convencional, ya que la tutela de la ONU favorecerá y apoyará propuestas ya existentes, impulsando además acuerdos como la Convención de Viena sobre la protección de la capa de ozono.

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