En Canarías, una hora menos

A finales del pasado año, el presidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte, llamó por teléfono al ministro de Economía, Carlos Solchaga, para informarle de lo que se avecinaba. El ministro no se puso al aparato porque, según aseguran en el ministerio, se olía de qué iba el asunto y tenía a los expertos en el tema de vacaciones. Era justo el argumento que esperaba tener en sus manos el presidente canario para cargarse de razón: el Gobierno no nos atiende, luego nosotros actuamos por nuestra cuenta y riesgo.La consecuencia fue que ese mismo día Canarias decidió no aplicar un desarme arancelario del 15% respecto a las mercancías procedentes de la Comunidad Europea (CE), lo que desde el año 1986, en que se inició el descreste, supone un acumulado del 47,5%. En el pie de guerra canario se esgrimieron dos argumentos: el Gobierno no nos restituye la disminución de ingresos derivada del desarme arancelario y además es a él a quien le corresponde tomar la iniciativa. Las diferencias económicas que provocaron la llamada rebelión fiscal de Canarias se cifran en 11.000 millones de pesetas.

Las cartas

El mismo 31 de diciembre el consejero de Hacienda del Gobierno canario, José Miguel González, envió una carta a Solchaga, que fue recibida, segun éste, el 10 de enero. En ella no se informaba de la decisión pero sí se solicitaba "apoyo técnico urgente ante la complejidad de elaborar esta modificación de la ordenanza del arbitrio". En el encabezamiento se recuerda al ministro que es su departamento el que debe aprobar esta modificación a propuesta de la comunidad autónoma.

En esta ocasión, Solchaga contesta. En una carta enviada el 16 de enero, el ministro reconoce esa competencia pero recuerda que la iniciativa debe partir de Canarias. La complejidad, añade Solchaga, es la misma que la que se pudo padecer en anteriores desarmes arancelarios -desde el año 1986-, "lo que no impidió su correcta aplicación de oficio". En cualquier caso, y "como de costumbre", el ministro brinda todo el apoyo técnico necesario. El Gobierno canario pasa a mayores y decide enviar otra carta al presidente del Gobierno, Felipe González, el día 19 de enero. La carta contiene la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora del arbitrio "para su aprobación por el Ministerio de Economía". De paso se solicitan compensaciones por una disminución de ingresos derivados de la rebaja arancelaria por un total de unos 11.000 millones de pesetas para los años 1986, 1987 y 1988, y un nuevo marco para las compensaciones futuras.

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, envía a su homólogo canario otra carta el 23 de enero. En un estilo más amenazante, Borrell vuelve a recordar a los canarios que la pelota está en su tejado -"la reducción arancelaria debe ser aplicada de oficio"- y anuncia que se recurrirá al artículo 155 de la Constitución: el Estado asume competencias cuando un Gobíerno autonómico incumple un tratado internacional.

El ultimátum se produce en el Consejo de Ministros del pasado 10 de febrero. El Gobierno decide dar un mes de plazo al Ejecutivo canario para cumplir el compromiso, y si no, se recurrirá al Tribunal Constitucional. La ley orgánica de este Tribunal prevé en su artículo 72 que el Gobierno puede asumir una competencia propia de una autonomía en el caso de que ésta se declare incapaz de llevarla a cabo.

La medida suponía, pues, un respiro para ambas partes en todo el conflicto y llegaba mucho menos lejos de lo que amenazaba José Borrell.

Detrás del problema jurídico de competencias ha estado, como sucede muchas veces, el factor dinero. En contra de los datos planteados por Canarias en su carta al presidente del Gobierno, Hacienda maneja unas cifras diferentes.

Según sus cálculos, entre los años 1985, 1986 y 1987, la rebaja arancelaria se compensó con un aumento de las importaciones provenientes de la CE. En los tres años referidos, la recaudación fue de 10.516 millones de pesetas, 12.646 millones, y, 15.512, respectivamente, a pesar de que ya en esos años se llevó a cabo una rebaja arancelaria del 22,5% acumulado.