El embrollo canario

EL GOBIERNO acordó ayer plantear conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si en el plazo de un mes el Ejecutivo canario no responde al requerimiento que se le formula para que cumpla la normativa comunitaria sobre rebaja de aranceles para mercancías procedentes de la CE. Se abre un plazo de 30 días para que los Gobiernos central y autónomo canario negocien una regla que permita conjugar la defensa de los intereses locales con los compromisos contraídos por España en el acta de adhesión a las Comunidades. Es de esperar que esa negociación permita desterrar definitivamente los fantasmas de intervenciones más enérgicas del Estado, contempladas en la Constitución para casos excepcionales, y que podrían suponer un preocupante antecedente.El archipiélago, que forma parte a todos los efectos de la CE, dispone de un estatuto fiscal especial por el que no se aplica el IVA, a fin de salvaguardar las ventajas de su posición como puerto franco. A cambio, sus productos agrarios, orientados preferentemente a la exportación, están sometidos a contingentes y aranceles que los sitúan en desventaja respecto a países competidores, como Israel o Marruecos. Este modelo fue elegido por los propios canarios frente a otras posibilidades barajadas en vísperas del ingreso de España en las Comunidades. Con ello se favorecía al sector servicios en perjuicio de otros de la economía insular. En la negociación previa al ingreso en la CE, España se comprometió a suprimir paulatinamente, antes de 1993, los arbitrios que han de pagar las mercancías comunitarias, principal fuente de financiación de municipios y cabildos insulares.

La mayoría de los partidos canarios, con independencia de su ideología, ha hecho frente común en la defensa de un status que pretendía compaginar las ventajas de la adhesión con las del aislamiento, utilizando para ello argumentos en los que se mezcla el amparo de intereses legítimos con demagogias particularistas. Esta mixtura ha envenenado la discusión, impidiendo un planteamiento racional del problema. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno canario decidió unilateralmente no aplicar la reducción arancelaria de un 15%, que tenía que haber entrado en vigor el pasado 1 de enero. Inmediatamente, Bruselas advirtió de la irregularidad al Gobierno español, que, por cierto, ha de pagar a las arcas comunitarias la parte proporcional del IVA correspondiente a Canarias.

Durante más de un mes, y coincidiendo con el inicio del semestre de presidencia española, se ha asistido a una escalada de amenazas y desatinos. El nuevo presidente canario, el centrista Lorenzo Olarte, había solicitado hace un mes una entrevista con el presidente del Gobierno. Desde la Moncloa se adujo la apretada agenda de Felipe González, proponiéndose un encuentro con el ministro Almunia. Olarte ha respondido que su misma apretada agenda le impide aceptar esa entrevista. Este método, naturalmente, es inservible para conocer qué se discute, aunque ponga a prueba el protocolo del Estado de las autonomías. También es cierto que la amenaza del Gobierno central de aplicar el artículo 155 de la Constitución, en virtud del cual una comunidad autónoma podrá ser obligada "al cumplimiento forzoso" de determinadas obligaciones, no ha contribuido a clarificar la discusión.

Más allá del caso concreto, el conflicto canario plantea uno de los puntos débiles de la actual estructuración territorial del Estado. A saber, la ausencia de una instancia que armonice los intereses particulares con los generales. Sin esa instancia -por ejemplo, el Senado-, los defensores de los particularismos jugarán siempre con ventaja frente a quien pretenda representar los intereses generales del Estado. En igualdad de condiciones, ¿qué partido vasco va a atreverse a defender un aumento del cupo o qué partido canario va a aceptar defender ante sus electores medidas de racionalización fiscal que pongan en peligro ciertos privilegios históricos?