La peseta y el SME
LAS RECIENTES declaraciones del ministro de Economía en Bruselas a propósito de la eventual entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo (SME) han tenido el mérito de clarificar una cuestión que hasta ahora había permanecido en la ambigüedad. Aparentemente, se ha abandonado la idea de anunciar la fecha de la adhesión de la peseta al mecanismo de cambios europeo a lo largo de la presidencia española de la Comunidad. Se trata de una decisión que nos resta fuerza a la hora de predicar la unión monetaria europea -uno de los objetivos anunciados por el Gobierno al asumir dicha presidencia-, pero, a cambio, proporciona un margen de maniobra más amplio en la definición de nuestra política económica. El SME es un mecanismo que obliga a los países adherentes a mantener las cotizaciones de sus monedas dentro de unos estrechos márgenes de fluctuación (2,25% hacia arriba y abajo de la paridad central, salvo para Italia, que cuenta con una banda del 6% en cada dirección). Los eventuales cambios de paridad son discutidos por los países que lo integran, de tal manera que cada Estado no es libre de modificar un¡lateralmente el valor de su propia moneda frente a los demás. Este sistema ha funcionado razonablemente bien a lo largo de los últimos años y ha protegido a los países que forman parte de él de los vaivenes de los mercados de cambios. Pero contiene, sin embargo, un sesgo defiacionista, ya que cuando la moneda de un país tiende a depreciarse el ajuste resulta inevitable en un plazo no muy largo, mientras que lo contrario es mucho menos cierto.No faltan razones de naturaleza económica para que las autoridades españolas duden. El diferencial de inflación con respecto a los países de la CE se ha abierto peligrosamente. Además, es verdad que la peseta se encuentra sobrevalorada en relación con las otras monedas comunitarias; la razón esencial estriba en la fuerte diferencia del tipo de interés entre España y el resto de la CE como consecuencia del endurecimiento de nuestra política monetaria. Las autoridades están ante un difícil dilema de política c -onómica, pero es cierto que los problemas de regulación monetaria serían mucho más complejos si la peseta tuviera que plegarse ahora a las exigencias del mecanismo común de cambios. Además, la economía española deberá hacer frente, de aquí a 1992, a un proceso de desarme arancelario considerable.
Por todas estas razones, parece prudente aplazar la decisión de entrar en estos momentos en el SME, lo cual no significa eludir indefinidamente una cuestión que será inevitable en la perspectiva del mercado único de 1993. En cualquier caso, lo que resulta políticamente incoherente es utilizar el argumento, en Bruselas y durante la presidencia española, de que la adhesión al SME implica una pérdida de soberanía. No deja de ser chusco oír este razonamiento en boca del representante de un Gobierno que parece apostar públicamente por la interpretación más audaz del proceso de integración económica europea, la de la necesidad de un banco central único y una eventual moneda común. Naturalmente que el sistema exige una pérdida de prerrogativas a favor de un centro común de decisiones; pero, o bien los países de la CE están dispuestos a hacerlo, o bien habrá que renunciar a la construcción de la Europa comunitaria.
Por lo demás, los asuntos que deberá resolver la presidencia española de la CE distan de ser sencillos. En el de la fiscalidad sobre el ahorro, requisito imprescindible para que sea realidad la libre circulación de capitales ya decidida, las posiciones de Francia y del Reino Unido parecen, por el momento, irreconciliables. En cuanto al grupo de trabajo creado para explorar los problemas de la unidad monetaria, el entusiasmo inicial se ha enfriado considerablemente y lo único que se espera ya es un calendario de aproximación gradual al objetivo fijado. Si la presidencia española aporta una dosis de realismo en estas cuestiones, el tiempo no habrá pasado en vano.
