Juegos peIigrosos en sistemas inestables

El proceso de concentración de poder financiero, iniciado con la OPA hostil del Banco de Bilbao, y el proceso de concentración de poder obrero, iniciado con la convocatoria unitaria de los sindicatos de una huelga general efímera, han roto el precaro equilibrio de la transición, basado en un voluntarista y artificial consenso (pacto) de la clase dirigente. No es de extrañar que el Rey haya exhortado, en su discurso de la Pascua Militar, a que "nos esforcemos siempre por mantener a nuestro país en una situación de equilibrio".En el origen de los procesos de concentración mencionados se encuentra la inconfesada actividad de un Gobierno socialista que, sin voluntad política de promover un cambio social en el sistema, ha pretendido manipularlo a favor de su partido, entrometiéndose en los nombramientos de consejeros de administración de las entidades financieras y en la dirección de la banca privada y de la UGT.

Estas intromisiones del Gobierno en esferas que, por no ser de régimen político, no son de su competencia son insignificantes en comparación con las reacciones provocadas, pero están cargadas de significación respecto a la naturaleza de la imprudencia cometida. Olvidándose del carácter artificial del equilibrio inestable (consenso de la clase dirigente) bajo el que accedió al poder después del 23-F, el Gobierno ha actuado como si el sistema estuviera en un estado estable, cuya manipulación podría controlar, porque las reacciones consecuentes regresarían a situaciones cercanas al equilibrio, precisamente a causa de la supuesta estabilidad.

Pero en un sistema político inestable, lejos de la situación de equilibrio, como es el de la transición, la OPA hostil del Banco de Bilbao y el intento de domesticación de la UGT, al afectar a dos de los núcleos más sensibles del sistema, no podían dejar de agravar la precariedad y la inestabilidad del mismo.

La insensibilidad de nuevo rico con la que el Gobierno juega la partida del poder no le ha permitido percatarse de que estaba metiendo la mano en dos avisperos que iban a reaccionar, como así ha sido, por idénticas razones de supervivencia, creando nuevos ámbitos de acción fuera del control gubernamental. El Banco Español de Crédito y la UGT, sujetos pasivos de la manipulación del poder político, han tenido que responder, del mismo modo, fusionando su poder económico y sindical en unidades de organización o de acción más amplias, en un movimiento instintivo de conservación. Como aprendiz de brujo, el Gobierno ha perdido el control de los procesos desencadenados por su temerario experimento.

El error de aprendiz ha consistido en la confusión gubernamental entre régimen político, donde puede actuar sin constricciones, como representante de la clase política reinante, y sistema económico y social, donde está sujeto a los límites que le marcan el capital financiero, como sector hegemónico de la clase dominante, y las organizaciones sindica les, como conductoras del movimiento obrero. Si, por razones ideológicas y de cambio social hubiera querido ampliar el campo de acción del régimen, reduciendo el espacio de autonomía o de rentabilidad del sistema, el Gobierno tendría que haber buscado el apoyo de los sindicatos y del Parlamento. Lo que carece de inteligibilidad es que, para realizar la política económica que defienden tanto el capital financiero como el capital industrial, y tanto el capital nacional como el extranjero, haya pretendido poner a sus hombres de confianza al frente de los consejos de administración de las entidades financieras privadas y del Comité Ejecutivo de la UGT, después de haber oupado todas las plazas disponibles para la gestión de la empresa pública.

La desestabilización introducida por estos peligrosos juegos del Gobierno en los sectores líderes del capital y del trabajo de la sociedad civil ha desatado olas de autodefensa de tal envergadura que han dado lugar al nacimiento de fenómenos que la transición hasta ahora no había conocido: acontecimientos de carácter histórico. Las fusiones bancarias y la huelga general son los únicos sucesos ocurridos en España, desde que existen libertades políticas, que pueden ser considerados verdaderos acontecimientos históricos.

Esta afirmación sorprenderá, sin duda, a quienes están habituados a pensar y a juzgar por simples apariencias. La propaganda de los intelectuales y periodistas de la transición ha venido colocando sistemáticamente la etiqueta de acontecimiento a lo que parece nuevo por ser sólo otra forma de consagración y de repetición de lo mismo.

La historia produce con mucha dificultad novedades, y cuando lo hace suele emplear largos períodos para hacerlas reconocibles a gran escala. Muy pocos hechos políticos, sociales, económicos o culturales alcanzan la categoría de auténticos acontecimientos. Y no todos ellos se convierten en históricos.

Para que un suceso adquiera la dimensión de acontecimiento es necesario que no pueda ser explicado como mero efecto o consecuencia de la situación de donde emerge. No es acontecimiento que el huevo salga de la gallina como tampoco lo fue que la Monarquía saliera del régimen franquista ni lo es ahora que la presidencia semestral de la Comunidad Europea corresponda por turno al presidente del Gobierno español.

El acontecimiento ha de contener algún elemento de novedad que lo haga, antes de producirse, improbable y, una vez producido, sorprendente. La teoría de la comunicación de Shannon define a la información como medida de la sorpresa que el descubrimiento de un hecho nos depara. Los medios de comunicación españoles aplican muy bien esta teoría cuando tratan de sucesos y de ecos de sociedad, pero muy mal cuando informan de actos políticos.

Se han considerado, por ejemplo, acontecimientos históricos de la transición el ingreso de España en las Comunidades Europeas y su permanencia en la OTAN, siendo así que estos hechos, de indudable trascendencia, son en realidad productos históricos del franquismo que la transición se ha limitado a tramitar y a consagrar. Lo mismo cabe decir de la reforma constitucional del régimen franquista realizada por el segundo Gobierno de la Monarquía, salvo la legalización del partido comunista y la restauración de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco. El mérito de estas novedades, que legitimaron democráticamente al Estado de la Monarquía constitucional, corresponde en exclusiva al Gobierno de Suárez anterior a las libertades.

No basta, sin embargo, el elemento de la improbabilidad y de la sorpresa para que el acontecimiento alcance, sin más, la consideración de histórico. Necesita además ser portador de sentido y ser susceptible de crear, a partir de él, nuevas coherencias. El acontecimiento histórico es producto de la historia y portador de nuevas posibilidades de historia, de otra alternativa al curso de la evolución. Es, en realidad, un punto de bifurcación donde se rompe la simetría reversible entre el antes y el después.

Por faltarles este requisito, no fueron verdaderos acontecimientos ni el 23 de febrero ni la expropiación de Rumasa, meras jugadas gratuitas carentes de significación y sentido.

La legalización del partido comunista y el triunfo electoral del PSOE por mayoría absoluta sí encerraban otras posibilidades de historia porque eran objetivamente capaces de crear nuevas correlaciones de poder y nuevas coherencias políticas. Pero no se convinieron en acontecimientos históricos porque, en el pacto o consenso de la transición, dichos partidos aceptaron pagar un precio exorbitante, el de su propia identidad, para ser admitidos a participar en el juego político del régimen liberal del sistema franquista. Con ello perdieron todas

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sus virtualidades para orientar la transición en otro sentido más sincero y realmente democrático, pasando a ser hechos anodinos en la evolución liberal del régimen anterior. La historia después de ellos no ha cambiado un ápice el rumbo de su curso.

Finalmente, la restauración de los Estatutos de Cataluña y País Vasco han sido acontecimientos históricos en la medida que sea legítimo hablar de nuevas posibilidades de historia y de ruptura irreversible de la simetría entre el antes y el después, cuando se trata de fenómenos de restauración que, como tal, implican un retorno romántico al pasado.

En contraste con todos los seudoacontecimientos de la transición, el proceso de fusiones bancarias y el éxito de la huelga general efímera constituyen hechos insólitos en la historia del capitalismo español y en la del movimiento obrero. Porque llevan en sus entrañas nuevas virtualidades de realizaciones en sus respectivos campos de actuación y de influencia. Porque despiertan nuevas coherencias en las líneas de desarrollo del capital financiero, especialmente en sus complejas relaciones con el capital industrial y en el proceso de convergencia sindical en el seno de la empresa. Y, por fin, invitan a establecer nuevas correlaciones de largo alcance con otros sectores de la sociedad, como son la investigación científica y la cultura, en un caso, y los movimientos ciudadanos, en el otro.

Por el momento no se puede llevar más lejos el paralelismo entre estas dos concentraciones de energía, que han elevado el grado de potencia de sus respectivas organizaciones, porque así como la irreversibilidad está prácticamente asegurada en el caso de la concentración de poder financiero, las nuevas coherencias y correlaciones sugeridas por la huelga general efirnera no han hecho más que amagar, y pudiera suceder que se hagan reversibles si la contraofensiva del Gobierno tuviera éxito en unas elecciones anticipadas.

Esto es lo que pretenden quienes están ya considerando a ese gran día de democracia y de civilización como el canto del cisne de las centrales sindicales, del mismo modo que el 23 de febrero lo fue para la extrema derecha y el mayo francés del 68 para la extrema izquierda. El único argumento empleado es el de que su extraordinario éxito fue debido a múltiples y contradictorias motivaciones individuales sin relación con las reivindicaciones concretas de las organizaciones convocantes, y que basta el anticipo de las elecciones políticas para disipar en las urnas, a través del interés particular de los votantes atomizados, ese enorme potencial ciudadano que desea otro tipo de democracia y otra forma de Gobierno, pero que, como sucedió con Pompidou tras el mayo francés, dará la mayoría a la única alternativa de Gobierno que el régimen le ofrece, es decir, al PSOE.

Este cínico argumento fabricado en los círculos intelectuales próximos al partido gobernante, aparte de que es inconsistente, se vuelve contra quien lo esgrime porque, como acontece en los sistemas físicos, es precisamente en los estados lejos del equilibrio, en las situaciones de inestabilidad, donde el orden macroscópico (éxito de la huelga) emerge del desorden microscópico (motivaciones caóticas individuales) siempre que concurra una circunstancia catalizadora (la convocatoria de los sindicatos).

Es cierto que los sistemas a que se refiere esta teoría son aquellos donde impera el segundo principio de la termodinámica, pero también es cierto que muestra su fecundidad aplicada a los sistemas políticos porque, como dice Prigogine en su última y reciente publicación, Entre le temps et l'eternité, refiriéndose precisamente a las profundas analogías existentes entre los sistemas físicos de poblaciones moleculares y los sistemas políticos, "el ejemplo de la física no puede resolver el problema planteado por los hombres, pero sí lo puede esclarecer".

Lo que la física puede esclarecer en esta situación, pese a la cortina de humo lanzada desde el poder después de la huelga, es que:

El orden, entendido como movimiento uniforme, estuvo en la huelga.

El factor catalizador de ese orden ciudadano fue la convocatoria de los sindicatos.

El factor desestabilizador originante de las grandes concentraciones de energía, hechas visibles a gran escala en los procesos de fusión bancaria y de unidad de acción sindical, fue la manipulación gubernamental de sectores hipersensibles de la sociedad civil.

Esa manipulación se produce porque el Gobierno confunde el sistema económico-social con el régimen político de su actividad.

Esa manipulación es peligrosa porque el Gobierno no sabe que con ella produce consecuencias irreversibles que escapan a su control.

Y que, finalmente, la prepotencia del Gobierno tiene su raíz profunda no en simples modales de educación o de sensibilidad, que se pueden cambiar como se cambia de imagen, sino en su falsa creencia de que está manipulando una sociedad en equilibrio estable y por tanto controlable, simplemente porque ya no oye ruido de sables.

El Gobierno tenía ya limitada su visión a los desplazamientos (no deslizamientos, como dijo su presidente) hacia el rojo del espectro sindical, pero a juzgar por sus últimas declaraciones, en las que atribuye el éxito de la huelga a simples defectos de comunicación y de imagen, adolece también de un defecto de audiencia a toda información que no sea emitida en longitudes de onda de corto alcance, como las que salen de los despachos oficiales con frecuencia modulada.

La información emitida por la sociedad española en frecuencia de tanta intensidad y en longitud de onda de tanto alcance como las del día 14 de diciembre, sóló puede ser percibida por el Gobierno como ruido perturbador que se puede fácilmente eliminar con las modernas técnicas de sintonización audiovisual de imagen.